Curri Valenzuela.- Todos a la calle

¿Qué tienen en común Julián Muñoz, el violador del Vall D'Hebron, el joven que quemó la foto del Rey en Girona y el otro como él que amenazó de muerte ante las cámaras de televisión a los dirigentes del PP en la celebración de la Diada catalana?

Los delitos que todos ellos pueden haber cometido son muy distintos, pero su situación resulta muy similar: son delincuentes que por motivos diferentes han recibido en las últimas horas el veredicto mas benévolo posible con el que podía tratarles la Justicia. Como si por una casualidad en los juzgados de Málaga, Madrid, Barcelona y Girona se hubiera obedecido una simple consigna: 'Todos a la calle'.

Julián Muñoz es un personaje que dará mucha pena y sobre todo 'share' a los programas del corazón en televisión que le juzgan más por su relación con Isabel Pantoja que por otra cosa. Pero cuando cualquiera se toma la molestia de seguir el relato de los delitos por los que está acusado y sobre todo de las condenas que se han dictado contra él por llevarse a espuertas los dineros públicos del ayuntamiento que presidió resulta bastante incomprensible que la Justicia le permita quedar en libertad bajo una fianza de 50.000 euros para seguir derrochando su fortuna acumulada en billetes de 500 que, sabemos por su exmujer, se llevaba a su casa en bolsas de basura. Por las mismas que se le permite ese privilegio tendrían que quedar vacías la mayor parte de las cárceles españolas una vez que se dejara salir de ellas a todos quienes cumplen penas por haber robado menos cantidades de las que se llevó Julián Muñoz.

Lo del violador que ayer salió a la calle después de cumplir solo un año por cada uno de los 16 ataques sexuales que perpetró es un desafío al sentido común que solo ha sido posible gracias a la benévola interpretación de un juez de los máximos beneficios penitenciarios que podrían aplicársele al reo, a la vez que ha desoído la opinión del fiscal y de las víctimas. La ley permite al juez, es verdad, dejar a ese peligroso ciudadano, que según las autoridades penitenciarias no está rehabilitado, circular libremente por las calles de Barcelona. Pero también es verdad que, aplicada de otra manera, la Ley habría permitido que siguiera en prisión bastantes años más.

Los casos de los dos jóvenes nacionalistas catalanes amantes de la violencia que quemaron en público la imagen del Rey y amenazaron de muerte a los dirigentes regionales del PP, respectivamente, tienen pinta de haber transcurrido más por los vericuetos de los políticamente correcto para algunos magistrados que de la aplicación estricta que permite el Código Penal para ambas circunstancias.

En ambas situaciones las fuerzas de seguridad presenciaron los actos violentos y sin duda delictivos de brazos cruzados. Quien amenazó de muerte a los políticos populares ha sido llevado a la Justicia por el propio PP porque ni las autoridades ni el fiscal se han movido para ello aún después de que en todas las televisiones apareciera la imagen inconfundible del joven amenazador, identificado enseguida como un candidato de ERC en las últimas elecciones municipales.

Respecto al joven que quemó públicamente la imagen del Rey en una plaza de Girona, fue detenido a instancias de la Fiscalía. Pero ha quedado en libertad sin fianza. Todo muy legal. Todo muy injusto con los miles de delincuentes que se encuentran en las cárceles españolas cumpliendo delitos quizás no tan graves. Todo muy preocupante para quienes esperan una Justicia más justa.

Curri Valenzuela