MADRID 29 Abr. (OTR/PRESS) -
La versión oficial dice que la puesta en libertad de los tripulantes del pesquero 'Playa de Bakio' ha sido fruto de las negociaciones del embajador Martín Cinto con los piratas somalíes que los tenían secuestrados. Otras versiones añaden que el "milagro" se a conseguido mediante el pago de un rescate de algo más de un millón de dólares. No hace falta ser un lince para llegar a la conclusión de que ambas versiones son compatibles e incluso complementarias. Si el primer bien a proteger era la vida de los pescadores, está claro que Exteriores lo ha conseguido. No es poco y, en consecuencia, el éxito de la misión debe ser reconocido.
Ahora bien, también es el momento de preguntar por las responsabilidad política que apareja la cesión ante el chantaje de los piratas. En España hay leyes y doctrina jurídica al respecto. Viene de los tiempos en los que la ETA secuestró al doctor Iglesias Puga (padre de Julio Iglesias) y a Emiliano Revilla. Por decirlo en corto: pagar rescate (o el mal llamado "impuesto revolucionario" tan de actualidad, otra vez) es un delito porque, a la postre, fomenta la perpetuación de la banda terrorista. O de los piratas.
El ministro de Moratinos tendrá que explicar en el Congreso los detalles del caso, explicar las gestiones del embajador, confirmar o negar que se haya pagado rescate e informar por qué -una vez liberados los pescadores- la fragata de la Armada que está en la zona no ha intentado detener a los piratas como hizo hace un mes la Marina francesa tras un caso de secuestro semejante. Ya sabemos que Zapatero está por la "alianza de civilizaciones" y no es el Julio César que tras ser secuestrado por piratas y pagar rescate, volvió y acabó con ellos, pero, en fin, por una vez, un poco de energía tampoco estaría de más.
Fermín Bocos.