Francisco Muro de Iscar.- Periodismo de investigación

MADRID 2 Feb. (OTR/PRESS) -

A los periodistas nos critican, y muchas veces con razón, por hacer mal nuestro trabajo, por no confirmar los datos, por dar opinión donde deberíamos dar sólo información, por ser superficiales, por dar una noticia y no seguirla después, por no rectificar cuando nos equivocamos... Y tienen razón en muchas cosas. Pero también hacemos otras cosas bien y, aunque los medios de comunicación dedican poco dinero y menos medios a la investigación, muchas veces también es el tesón de uno o varios periodistas el que hace que afloren casos de corrupción, de mal gobierno, o puras y simples mentiras. Y eso permite luego que actúe la justicia y, sobre todo, que la impunidad no campe a sus anchas más de lo que lo hace.

Tres periodistas españoles del Diario de Mallorca, Matías Valles, Marisa Goñi y Felipe Armendáriz -premiados con el Ortega y Gasset y el Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española- apoyados por un grupo de abogados del Colegio de Baleares denunciaron en su día los vuelos secretos de la CIA para trasladar ilegalmente a supuestos terroristas a cárceles secretas diseminadas por Europa. Primero se negó todo, pero, poco a poco, el trabajo serio, riguroso y profundo de estos compañeros puso encima de la mesa un gravísimo ataque a los derechos humanos por parte de la Administración Bush con la ignorancia, el silencio culpable o la mirada hacia otro sitio de distintos Gobiernos europeos, entre ellos el español. El ministro Moratinos y el propio presidente Zapatero negaron reiteradamente, incluso en el Parlamento, que supieran nada de este asunto o que el CNI y nuestras fuerzas de seguridad hubieran tenido constancia de estos hechos.

Ahora, la fiscalía de Munich, basada en la información de la policía española, ha cursado orden de captura contra trece agentes de la CIA por el secuestro de un ciudadano alemán de origen libanés, tan sólo uno de los muchos que pasaron, entre otros, por el aeropuerto de Mallorca, con el silencio cómplice de nuestras autoridades. Cinco meses en una cárcel de Kabul sin ninguna garantía ni tan siquiera poder ejercer su derecho a la defensa. Tanto el Gobierno alemán como el español han quedado en evidencia.

Por otra parte, un juez de la Audiencia Nacional ha pedido que se desclasifiquen los documentos del CNI sobre esos vuelos, así como si consta la utilización de aeropuertos españoles en el traslado ilegal de esos detenidos. No hay muchas esperanzas de que esa petición tenga una respuesta positiva. Pero es importante porque, en la defensa de los derechos humanos, los Gobiernos democráticos tienen la obligación de estar en primera línea. Y no puede ser que miren hacia otro lado o, lo que es peor, que tenga que ser la tenacidad y el trabajo de unos excelentes periodistas y abogados, lo que nos ponga colorados a todos.

francisco.muro@planalfa.es