Isaías Lafuente.- Debatido debate

MADRID 6 Feb. (OTR(PRESS) -

Veinte días después de la convocatoria de las elecciones y a veinte días del inicio oficial de la campaña, los dos principales partidos aún no se han puesto de acuerdo en la celebración de los debates televisados. Han fijado fecha, temario, pero aún no han decidido dónde se celebrarán. Es decir, aún están en el aire. La crítica a la incapacidad de quien aspira a gobernarnos para dilucidar cosa tan simple es materia tan sencilla que hoy, que me he levantado perezoso, sucumbo a sus encantos.

Resulta difícil pensar que quien no sea capaz de desbrozar una cuestión así tenga cualidades para bregar con los grandes asuntos de Estado. Y es desolador contemplar cómo después de una legislatura desierta de consensos los principales partidos se muestren impotentes para acordar un simple debate. Las posibilidades son tantas que no hay excusa posible que impida optar por una de ellas. Y como los dos líderes con posibilidades de acceder a la Moncloa se han comprometido a hacerlos, quien frustre la posibilidad pondrá en evidencia lo que vale su palabra y lo que vale su valor. En una sociedad como la actual es fundamental que los ciudadanos puedan contemplar un cara a cara en televisión. Y si no es así, tenemos el derecho a saber quién es el responsable de que se frustren, para saber a qué atenernos.

Hoy un dirigente del PP, Gabriel Elorriaga, ha dicho que los debates se sobrevaloran, que no son un derecho de los ciudadanos ni una prueba de calidad democrática. Me parto de la risa cuando oigo al partido que legisló para declarar el fútbol televisado como "de interés general" decir ahora que los ciudadanos no tienen derecho a ver debatir en televisión a quienes desean presidir el gobierno.

Ni el Debate sobre el estado de la Nación ni las sesiones semanales de control al Gobierno forman parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero quien a estas alturas decidiese su eliminación se retrataría nítidamente ante los ciudadanos. La calidad democrática de un país se mide por la implantación de usos que perfeccionan la participación ciudadana, el control político y la transparencia. Usos que un día, sin saber cómo, se convierten en derechos incuestionables. Pero si en la era de internet el señor Elorriaga necesita que una ley imponga cosas tan obvias como un debate televisado, habrá que modificar la Ley Electoral. Mientras tanto, que despejen ya la incertidumbre y no hagan más el ridículo. Y si no encuentran el camino, tengo un hijo de ocho años que les podría aportar algunas ideas. Él no tiene ni edad ni capacidad para presidir el Gobierno ni para asumir la portavocía de un partido político, pero esto, con cuatro datos, lo resolvería en cinco minutos.

Isaías Lafuente.