MADRID, 9 Sep. (OTR/PRESS) -
Desde hoy el patrimonio de diputados y senadores es asunto público. Nuestros parlamentarios, conforme a lo previsto en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Electoral, han dado cuenta de sus haberes y posesiones a sus respectivas cámaras y la información circula ya a través de internet para conocimiento de los ciudadanos. Es un gesto de transparencia que sólo puede ser bienvenido en una democracia, y durante un tiempo alimentará conversaciones de café, tertulias políticas y debates en los foros de las redes sociales. Cada quien sacará su vara de medir para encontrar en la comparación propia razones para la sospecha. Habrá quien se sorprenda y dude de patrimonios y ahorros raquíticos mientras otros se escandalizarán de la riqueza acumulada por alguno. Y no faltarán quienes encuentren razones para reprochar incoherencias entre el patrimonio amasado y los ideales que cada parlamentario predica. Así es que deberemos estar prevenidos para que el tsunami de los datos no nos arrastre por el cauce de los prejuicios.
Porque nos faltan datos. Lo que ahora se nos ofrece es la primera foto fija de una serie histórica que es la que nos permitirá sacar conclusiones, aquella que nos muestre cómo entran y cómo salen de la política los parlamentarios después de unos años de actividad pública. Como sabemos lo que cobran del erario, la comparación nos permitirá identificar, si los hubiera, enriquecimientos desmedidos que no puedan explicarse sólo por la capacidad de ahorro y la puntería inversora del parlamentario, y entonces no serán los ciudadanos sino los poderes públicos, a través de la Hacienda y de la Justicia, quienes deberán investigar si la desmesura es ilícita.
Nuestra historia reciente acredita que todos los partidos políticos han estado lentos de reflejos a la hora de identificar entre sus filas a los corruptos, y algunos no han estado a la altura de las circunstancias a la hora de perseguirlos y apartarlos ni siquiera cuando la justicia les ha dejado en evidencia. Esta actitud, ciega o seráfica, ha creado una sombra de sospecha que se extiende de manera injusta a toda la clase política, nutrida en su inmensa mayoría de ciudadanos honestos. Ellos tendrían que ser los más interesados en combatir cualquier sospecha de enriquecimiento ilícito. Suponemos que siempre han tenido sus medios para hacerlo a tenor de cómo se desenvuelven en la denuncia del otro, pero si fueran pocos, desde hoy disponen de uno más.
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