Actualizado 11/06/2008 02:00

Isaías Lafuente.- Voracidad laboral

MADRID 11 Jun. (OTR/PRESS) -

Cuando hace tres días los medios de comunicación desvelaron la última idea de la Unión Europea en materia laboral pensé que se trataba de una broma o de un error tipográfico. Ahora ya sabemos que los ministros de Trabajo de la UE han aprobado una directiva que permite ampliar la semana laboral a 60 horas con carácter general y a 65 para ciertos colectivos, como los médicos. Como este tiempo se computa por trimestres, algunas semanas laborales podrían alcanzar hasta las 78 horas. Además, la directiva consagra la negociación individual de cada trabajador con el empresario para pactar el tiempo de trabajo. Es decir, Europa dinamita de un plumazo los dos principales logros conseguidos por los trabajadores en un siglo de lucha: la negociación colectiva y una digna jornada laboral establecida ya en 1917 por la Organización Internacional de Trabajadores en 48 horas, que hoy permanece vigente.

Dicen los próceres europeos que esta directiva consagra la libertad de elección del trabajador en materia de jornada. Y no sé si reír o llorar ante la proclama. La huelga de transportistas en España, en la que unos miles de trabajadores amenazan con colapsar las arterias de un país, o el referéndum irlandés, en el que un millón de ciudadanos van a decidir la suerte de los 500 millones de la UE, demuestran la eficacia destructiva del efecto dominó. Con la nueva directiva europea la decisión de un puñado de trabajadores en cada empresa impulsará al resto al dilema: elegir entre el paro o la explotación. Y la imposición de esos usos en un puñado de países ejercerá una presión insoportable sobre el resto.

España se opone a la medida pero cabe preguntarse si será capaz de resistir ante fenómenos de deslocalización de empresas que, no es difícil apostar, buscarán implantarse en esos nuevos "paraísos" laborales domésticos que antes debían buscar en el tercer mundo. Y con ser grave, no será el peor de los efectos sociales de la reacción en cadena. ¿Alguien en su sano juicio puede defender que una medida tan brutal como esta es compatible con la conciliación de la vida laboral y personal, con la igualdad entre sexos, con la salud, con la maternidad, con el fortalecimiento de la familia, con el disfrute del ocio y el acceso a la cultura, con la educación de los hijos y con el derecho de los niños a disfrutar de sus padres, en fin, con una vida digna?

Todos esos derechos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, contenida en la frustrada Constitución Europea. Están, en definitiva, en la médula de la Europa que queremos construir. Y convendría que los parlamentarios europeos, que deben decidir ahora sobre esta directiva, revisen estos documentos antes de emitir su voto. Y si esa vía noble no les resulta suficiente, que revisen sus propios privilegios laborales antes de imponer condiciones leoninas al resto de sus conciudadanos, o que piensen por un minuto si desde una perspectiva meramente mercantilista es sostenible una sociedad en la que sus miembros no tendrán ni tiempo ni ganas de consumir los productos y servicios que generen en sus largas jornadas laborales. A lo mejor eso nos salva de la locura.

Isaías Lafuente

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