José Cavero.- La guerra de la financiación

MADRID 6 May. (OTR/PRESS) -

Son varios los frentes de negociación que esperan alguna clase de acuerdo, en la recién estrenada legislatura. De un lado, el acuerdo sobre la reforma de la Justicia, que han empezado a debatir José Antonio Alonso y Soraya Sáenz de Santamaría. De otro lado, la financiación autonómica que Pedro Solbes debe abrir ya en cualquier momento con los responsables de Economía y Hacienda de las Comunidades Autonómicas.

Sobre la primera de esas tareas, que registra mayores complicaciones de los que inicialmente se suponían, declara el portavoz socialista Alonso que está resultando difícil pactar "porque todos tienen en discusión sus liderazgos", si bien se asegura que el PP ha rebajado sus condiciones para alcanzar ese pacto, dificultado en buena medida por la mayor importancia que el Gobierno socialista quiere dar a los fiscales, rebajando, a su vez, el papel de los jueces en la instrucción de sumarios. Pero al PSOE le urge que se proceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial como paso previo a cualquier otra reforma, frente al PP, que antepone esas reformas a esa renovación.

En cuanto a la financiación autonómica, todavía hay únicamente "aproximaciones periodísticas", o sea, declaraciones de las partes por la vía de las declaraciones a la prensa. Por parte del gobierno de la Nación, el secretario de Estado Ocaña vuelve a advertir hoy que el Estado no pondrá mucho más dinero en el sistema, por razón de que no quiere renunciar al papel de garantizar la solidaridad. Y a partir de ahí, el PSOE y el ministro de Economía habrán de buscar fórmulas para convencer al presidente catalán, Montilla, a su conseller Castells y al PSC, para que se avengan a una fórmula "constitucional y socialista". Ésa habrá de ser la primera "conquista" que debiera lograr el Gobierno: negociar con todas las comunidades con parecidos o iguales criterios, y no cediendo ante Cataluña, "que es una de las autonomías que más aporta al Estado".

¿Trato igualitario, o a cada cual según sus aportaciones y sus necesidades? Esa es la gravísima cuestión que habrá de señalarse desde el primer momento, y no parece nada sencilla de resolver. Los catalanes saben que tendrán frente a sus reivindicaciones las de los restantes territorios, y en particular, los andaluces, con fuerza muy considerable en cualquier reunión de dirigentes socialistas. Asegura el secretario de estado Carlos Ocaña que hay cierto consenso en el modelo de financiación, aunque predominen las distintas sensibilidades. Añade: "Discrepo de la imagen que se pretende dar de pelea entre comunidades pobres y ricas. Nadie va a perder con el nuevo sistema", dice después de explicar que hay acuerdo en que cada español, independientemente de donde viva, tenga garantizado el acceso a sanidad, educación y servicios sociales básicos de calidad.

Pero el Estado deberá garantizar la solidaridad en otro tipo de servicios y en la convergencia regional. Explica, asimismo, que hay bastantes elementos en los que se puede pactar con relativa facilidad. Y anuncia que el reparto de impuestos será del 50 por 100 en IRPF, 50 en IVA y 58 en impuestos especiales, -petróleo y tabacos- si bien se pretende crear un fondo nuevo para asegurar gastos de convergencia regional y mantener el papel del Estado en servicios esenciales y en otros. Pero insiste Ocaña en que la posibilidad del estado de que se transfieran nuevos recursos del Estado a las comunidades es limitada, aunque buscará la fórmula para compensar la pérdida del impuesto de patrimonio. Alguna cesión más, tal vez rebajando el ingreso del Estado en impuestos especiales, rebajándolo también al 50 por 100. La de Ocaña, no hay duda, es una voz tranquilizadora ante un proceso que no parece sencillo.

José Cavero