MADRID 27 May. (OTR/PRESS) -
Es probable que uno de los elementos más repetidos y permanente durante toda la campaña electoral, pero que dura ya bastantes meses más, haya venido siendo la denuncia de casos de corrupción municipal en un sinfín de ayuntamientos de los ocho mil ciento once en los que este domingo se desarrollan elecciones para renovar o para ratificar y convalidar al alcalde y a los ediles que vienen ejerciendo sus tareas. Por cierto, que ante estos comicios, ha vuelto a plantearse la conveniencia de que se revise la Ley Electoral. El alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, explicaba la conveniencia de ajustar tiempos, y proponía legislaturas de cinco años y un máximo de dos legislaturas para un alcalde. La conveniencia de proceder a renovar las instituciones y de evitar que se eternicen los cargos probablemente ayude a evitar esos casos de corrupción tan frecuentes como inadmisibles.
Pues bien, durante meses hemos asistido a la denuncia y revelación de casos de corrupción municipal, aunque no hayamos visto parecida voluntad entre los partidos por depurar de sus filas a los presuntos corruptos. Y ello, por distintas razones: en unos casos, porque prefieren que predomine y se haga valer la presunción de inocencia de los concejales de la propia cuerda, frente a la presunción de culpa de los concejales del partido contrario. Hemos llegado a ver episodios sorprendentes, de casos inequívocos de corrupción 'a lo grande', como la de Andratx, a favor de cuyos responsables ha llegado a intervenir e interceder el mismísimo presidente de la comunidad en gestión directa con el Fiscal general del Reino.
Insólito, ciertamente, Frente a este caso, y para evitar repercusiones negativas, el propio PP se ha empleado a fondo con el caso de los socialistas de Ibiza, pillados en otra operación parecida. En todo caso, lo que ninguno de los partidos parece dispuesto es a ser el primero en arrojar a los indeseables. Predomina la voluntad de defenderlos, apoyarlos, justificarlos y mantenerlos en las listas, de manera sorprendente. En las horas anteriores a estos comicios se nos asegura que el mapa de la corrupción del PSOE salpica a 140 altos cargos y candidatos, y que el partido no ha aplicado, ni mucho menos, su doctrina de tolerancia cero. De esos 140, 76 están condenados o imputados por delito de corrupción urbanística. Y es muy probable que pueda hacerse un recuento parecido en las filas del PP. Con parecida reacción desde los mandos del partido: justificación, protección y continuidad. Entre otras razones, porque en muchos casos, esas corrupciones comprobadas dejan alguna clase de beneficio a las arcas del propio partido y a su financiación permanente oscura.
José Cavero