Actualizado 26/04/2011 14:00

Luis Del Val.- Gibraltar, el peñón de los delincuentes.

MADRID, 26 Abr. (OTR/PRESS) -

En Gibraltar hay unas 30.000 personas empadronadas y 60.000 empresas mercantiles que tienen allí su domicilio social. Eso indica que, o bien cada gibraltareño posee tan inaudito espíritu empresarial que crea dos empresas por habitante, incluidos niños recién nacidos y abueletes con síntomas de demencia senil, o bien, que Gibraltar es un paraíso fiscal de los profesionales de la evasión de impuestos, de los cuales tan preocupados están la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

En ese punto, y si los gibraltareños con gente normal y no unos monstruos mercantiles, el problema estriba en la Unión Europea porque uno de sus países miembros ampara, protege y patrocina el delito fiscal, y allá la Uniñon Europea. Pero hay algo que nos afecta directamente a los españoles y es que la policía gibraltareña, cada vez que la Guardia Civil persigue a unos narcotraficantes, sale en defensa de ellos, con lo que en Gibraltar ya no sólo se protege a los evasores fiscales, sino que se defiende a los bandidos de la droga. Y eso es ya un asunto español, en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores debe y tiene que hacer algo más que enviar notas de protesta, por una sencilla razón: la droga mata a los jóvenes de La Línea, degrada la vida de Algeciras (el mayor porcentaje de drogadictos de toda España) y, en definitiva nos jode la vida a los españoles. Nos merecemos un ministerio de Asuntos Exteriores que defienda a nuestros jóvenes, que defienda la soberanía territorial de unas aguas que no son del Reino Unido, porque nada de ello dice el tratado de Utrecht, y que defienda a los miembros de la Guardia Civil, que se juegan la vida persiguiendo a los traficantes de droga.

Nos merecemos un gobierno que impida que España sea tratada como una basura y no como un socio. Nos merecemos que se defienda nuestra seguridad, porque para eso pagamos el sueldo de los ministros de Asuntos Exteriores. Y si la ministra no sabe defender con dignidad nuestros intereses, que se marche o demuestre que justifica su sueldo.