MADRID 13 Jun. (OTR/PRESS) -
El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Toledo y primado de España, pide una moratoria en la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), durante la cual "se paralice la instauración de esta materia como está llevándose a cabo, y que se revise en un diálogo y un respeto a los derechos y deberes de los padres que son inalienables".
Las objeciones de conciencia de padres de familia contra la asistencia de sus hijos menores a clase de EpC no hacen más que aumentar; ya sobrepasan las treinta mil en toda España, se acaban de presentar varios cientos más en Madrid, en vísperas de la implantación obligatoria de esta forma de adoctrinamiento moral del Estado.
Tal como está planteada, la EpC desarrolla una "ideología de género" que resulta incompatible con la antropología y la moral cristianas, y de ahí que la jerarquía católica se muestre abiertamente contraria a este intento del Estado de inmiscuirse en esa función privativa de los padres que es la determinación de la educación religiosa y moral que debe darse a sus hijos, según establece la Constitución.
Pero la cuestión es más de fondo. Desde luego que los padres católicos objetores defienden su derecho constitucional a educar cristianamente a sus hijos; pero es que, además, defienden el derecho de todos los padres a hacer lo mismo según sus respectivas convicciones, para la eventualidad de que un día cambiase el signo ideológico del Gobierno y el nuevo pretendiera establecer una asignatura obligatoria de moral cristiana, pongamos por caso, lo que sería igualmente inconstitucional.
Las objeciones no se van a parar, y la ministra de Educación dirá lo que quiera, pero los objetores están dentro de la Constitución, y ella, no, mientras pretenda que la EpC sea obligatoria. Tal como suena.
Ramón Pi.