MADRID 7 Mar. (OTR/PRESS) -
La sentencia del TSJ de Andalucía que reconoce el derecho que asiste a los objetores de conciencia contra la asignatura "Educación para la ciudadanía" (Epc) ha levantado una polvareda perfectamente previsible, porque de lo que se trata es de derechos y libertades fundamentales, como la libertad de educación y el derecho de los padres a determinar el tipo de educación que quieren para sus hijos, de acuerdo con sus convicciones.
Una vez más (y van...), la imposición de esa asignatura se ha pretendido perpetrar de forma oscura, mentirosa y artera. Oscura, porque la indefinición de los contenidos, el uso de eufemismos en los programas y la torpe y espesa redacción de los decretos que configuran la materia no hacen nada fácil hacerse una idea de la realidad de lo que se quiere inculcar a los niños y adolescentes, a no ser que se esté en antecedentes del asunto y se esté muy en guardia contra mercancías averiadas. Mentirosa, porque las autoridades, desde un modesto consejero de educación hasta la vicepresidenta y el presidente del Gobierno, se han hartado de decir públicamente que la Epc no es sino la enseñanza de la Constitución, cuando es evidente de toda evidencia que no es así, y que ellos lo saben. Artera, en fin, porque la Ley que establece la Epc no se refiere a los contenidos concretos, sino que eso se ha dejado al rango de los decretos, contra los que no cabe recurso de inconstitucionalidad, sino que hay que combatirlos por vía contencioso-administrativa o con un recurso de amparo, que pueden tardar todos los años de escolarización de varias promociones de alumnos.
En la campaña apenas se ha hablado de eso. Pero eso estaba ahí, hay varias decenas de miles de objetores, y ese intento totalitario de entrar en la conciencia moral de los niños acaba de sufrir un duro golpe.
Ramón Pi.