MADRID, 28 Nov. (OTR/PRESS) -
Los dirigentes políticos y sindicales han decidido sustituir el confesionario y su correspondiente absolución por exculpaciones literarias. A saber, como nadie quiere pasar a la historia como un felón, se han lanzado a dejar por escrito en libros de memorias, o de recuerdos varios, su versión de lo sucedido en su mandato siempre bajo el manto de la benevolencia, cuando no de la autocomplacencia.
Aznar, José Bono, Pedro Solbes, Zapatero, han encontrado en la pluma la forma de justificar las decisiones que tomaron cuando ostentaban el poder. No fue desidia si no las circunstancias adversas las que les obligaron a tomar decisiones duras para la ciudadanía, pero siempre en pro del bien común.
Aznar no sólo relata su sacrificio por España sino que se postula como el único capaz de mantener la unidad del Estado desmembrado por las concesiones de Zapatero. Este, a su vez, sólo reconoce un error: no ser capaz de pronunciar la palabra crisis. Como si una palabra tuviera el sortilegio de cambiar una mala gestión que llevó primero a sus recortes y luego a los de Rajoy. El libro de Solbes, precisamente, acusa a Zapatero de no hacerle caso y no afrontar por interés electoral, las medidas ante el cataclismo que se avecinaba. Obviando que el verbo dimitir existe en castellano y que, ante el primer ninguneo del presidente obnubilado por las genialidades de Miguel Sebastián, la salida era dar un digno portazo.
Al final unos por otros y la casa sin barrer. Porque lo cierto es que sus errores en la gestión, el consentir la burbuja inmobiliaria que tantas comisiones repartía en el PP y ayuntamientos, el tomar medidas disparatadas cuando la guadaña de la crisis les rozaba los talones, han llevado a casi seis millones de trabajadores al paro, a un millón y medio de viviendas a las que se ha cortado la luz por impago y a un empobrecimiento general de la población sin parangón.
A esta corriente de exculpaciones se han sumado los sindicatos, más en concreto UGT, que en Andalucía, presuntamente, ha cometido tropelías sin cuento. De hecho se le acusa de convertir la organización de defensa de los trabajadores en una oficina de recaudación de subvenciones públicas para festejos de sus cargos. Y todo ello con fondos destinados a los parados o a los cursos de formación.
Cándido Méndez, su cabeza visible, se prodiga estos días en los medios (aún es pronto para escribir un libro) hablando de presunción de inocencia, de ataque a las organizaciones de clase, y de estrategia para encubrir el caso Bárcenas hundiendo el buen nombre de su sindicato. Pero nadie dimite ni se le expulsa.
Precisamente del caso Bárcenas el PP sigue sin querer hablar. Indignados como están con el auto del juez Ruz que habla de una contabilidad B en el partido han pedido que se revisen los hechos. Eso sí, siguen exigiendo la presunción de inocencia incluso para Fabra, el ex presidente de la Diputación de Castellón, condenado en firme a cuatro años de cárcel.
Son unos incomprendidos...
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