MADRID 12 Dic. (OTR/PRESS) -
La megalomanía de una clase política provincial que basaba su gestión en la ostentación y el despilfarro, ha dejado el suelo patrio lleno de herrumbrosos esqueletos de hormigón que salen ahora a la venta al mejor postor. Del derroche de dinero público, de los desmanes en el encarecimiento de obras sin sentido, de las contratas a empresas "agradecidas", nadie se hace responsable.
El último ejemplo es la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, un faraónico proyecto sin un fin conocido que rompía la belleza de un espacio protegido junto al Duero. Frente a las estribaciones de una sierra nevada surgen ahora los armazones abandonados de unas cúpulas que, como las de la Ciudad de las artes y las Ciencias de Valencia, llevaban la vanguardia arquitectónica al páramo con el dinero de los contribuyentes.
Si Valencia tenía su modernidad de Calatrava, ese arquitecto que tanto beneficio económico obtuvo de su ciudad de origen, ¿porqué Soria no iba a tener la suya? Eso debieron pensar los diputados del PP que, únicamente con sus votos, sacaron adelante una Ley para construir sus cúpulas como gajos de naranjas. Esa Ley es precisamente la que ha tumbado el Constitucional, porque se hizo con el claro propósito de impedir a los ciudadanos recurrir por la vía administrativa semejante dislate.
El pretencioso experimento lleva gastados más de cincuenta y dos millones de euros de dinero público. Cuando ayer se preguntó a quien fue la principal impulsora del proyecto, la entonces vicepresidenta de la Junta y hoy senadora del PP, María Jesús Ruiz, contestó de forma despectiva: "es una Ley de las Cortes de Castilla León, llame allí". La falta de responsabilidad ante las actuaciones que como cargos públicos llevaron a cabo en nombre de todos los ciudadanos es una de las características de esta clase política de medio pelo que, cuando fracasan, no quieren saber nada del dinero mal invertido. Unos fondos que, ahora, el Gobierno del Estado está restando a la sanidad pública, a la educación, a los medicamentos, a las becas, a las ayudas sociales, a la dependencia; que están pagando los que menos tienen, mientras que el gestor equivocado encuentra acomodo en otra institución del Estado hasta que las urnas le echen, si es que le echan.
Al mismo nivel de ineptitud política, sin consecuencias, se encuentra el magno aeropuerto de Ciudad Real que ahora se pretende vender por cien millones de euros cuando que costó más de cuatrocientos cincuenta millones en la época de despilfarro y descontrol. No habrá castigo, ni siquiera una multa, para el gestor que decidió construir la pista de aterrizaje más grande de Europa en una ciudad sin mar y conectada a Madrid con el AVE. Dado que no hay forma de reclamar responsabilidades penales o administrativas por la mala gestión política, la crisis económica y sus penosas consecuencias pueden ser el revulsivo que lleve a la sociedad a castigar, de verdad, con sus votos, a estos ineptos, inútiles, incapaces, que ocuparon las instituciones de todos.