Victoria Lafora.- Presunción de inocencia

MADRID 27 Ene. (OTR/PRESS) -

Esta figura procesal, consagrada por la Constitución, se debe aplicar en este momento al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero. Viene esto a cuento ante la inminente ilegalización de ANV por su relación con Batasuna. Las acusaciones de electoralismo por haber conseguido las pruebas necesarias para instar su ilegalización, ahora y no hace muchos meses, son graves.

Un gobierno no puede jugar con las leyes, ni siquiera ante un fin positivo como es la consecución de la desaparición del terrorismo etarra. Sobre todo, porque la ilegalización de ANV se va a hacer en aplicación de la Ley de Partidos y el gobierno pudo, a lo largo de esta legislatura, derogar este precepto ya que contaba con el apoyo de los nacionalistas, muy reticentes a algunos de sus contenidos.

Para no enfrentarse al Partido Popular, que había convertido la lucha contra el terrorismo en un arma política, la Ley de Partidos siguió en vigor y, por tanto, había que cumplirla. Los demócratas siempre pensamos que antes de un revolcón en el Tribunal Constitucional, muy sensible ante las limitaciones a la base de todo régimen parlamentario como son los partidos políticos, el Gobierno prefería recabar todas las pruebas necesarias. La simple ausencia de condena de los atentados no era suficiente.

Si se demuestra, como denuncian algunos medios, que la Guardia Civil contaba desde hace meses con pruebas de cargo de la relación entre Batasuna y ANV y que el ejecutivo demoró la causa, bien por motivos electorales o porque todavía confiaba en lograr la paz, sería un fraude de ley, un engaño a los ciudadanos. Y conviene recordar que este país, como se demostró el 14 de marzo de 2004, no tolera las mentiras.

Por lo tanto y, mientras no se demuestre lo contrario, apliquemos la presunción de inocencia. Demos crédito al dato de que el juez Garzón esté actuando ahora, y no antes, porque ahora tiene todas las pruebas en su poder; esas pruebas que hablan de pagos de nominas, de cuantas compartidas y de dependencia jerárquica.

Vamos a dar crédito al ministro de Justicia, Fernández Bermejo, que el viernes en el Consejo de Ministros, propuso que los servicios jurídicos del Estado comiencen el proceso de ilegalización para que ANV no pueda presentarse a las elecciones de marzo.

Pero, si importante es que un grupo afín a ETA no llegue a las instituciones democráticas, igual de importante es que su ilegalización no se haga por criterios políticos a de conveniencia electoral. Porque eso es burlar el Estado de Derecho.

Victoria Lafora