Actualizado 25/01/2007 20:15 CET

Crónica ETA (3).- El Gobierno vasco tacha de "despropósito" el auto de la Audiencia y pide la intervención del Supremo

- El PSE dice que el Estado "no puede ser vengativo" porque "deja de ser justo" y San Gil expresa su "enorme satisfacción"

BILBAO/VITORIA, 25 Ene. (OTR/PRESS) -

El Gobierno vasco cree que la decisión que hoy tomó la Audiencia Nacional de mantener en prisión al preso etarra Iñaki de Juana Chaos es "una actuación más en la carrera de despropósito judicial", por lo que exigió que sea el Tribunal Supremo el que pronuncie "con urgencia" sobre la situación del preso. Por contra, la presidenta del PP vasco, María San Gil, afirmó que el fallo supone "una enorme satisfacción" tanto para "los familiares de las 25 personas que asesinó" como para todos los que entiende que el Estado de derecho "no tiene que doblegarse ante el chantaje de un terrorista". Y desde el PSE aseguran que respetan las decisiones judiciales, pero apuntan que por encima de todo están las vidas de las personas y señalan que el Estado "no puede ser vengativo", porque entonces "deja de ser justo".

Tras conocer la decisión de la Audiencia el Gobierno de Vitoria se mostró totalmente contrario a la misma y señaló que supone un paso más en "la carrera de despropósito judicial a la que estamos asistiendo en las últimas semanas". Señalan que después de la decisión de hoy es "urgente" que el Supremo a que se pronuncie "y clarifique la situación penal" del recluso que lleva 80 días en huelga de hambre. El Ejecutivo vasco se refiere así al recurso planteado ante el Supremo contra la sentencia que condenó a De Juana a 12 años y siete meses de cárcel por un delito de amenazas.

En esta misma línea, el portavoz del PNV, Iñigo Urkullu, lamentó hoy que el Pleno de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional haya rechazado los criterios de la Fiscalía general. Unos criterios que según apuntó tenían como objeto "preservar el derecho a la vida, incluso como en este caso, en personas que han cometido asesinatos horribles, y la protección de la salud como garantes que son, en cumplimiento de la ley, tanto la Audiencia Nacional como las instituciones de vigilancia penitenciaria".

Una argumentación muy similar a la que realizó el secretario del PSE de Guipúzcoa, Mikel Buen, que tras expresar su respeto a las decisiones judiciales, afirmó que "por encima de todo hay preservar la vida de las personas aunque se trate de un criminal" y que si verdaderamente existe "un grave riesgo de muerte se tendrán que tomar todas las medidas desde el punto de vista del derecho y del humanitario". Además, el dirigente socialista recordó que De Juana "cumplió su condena y que el Estado "no puede ser vengativo" porque si lo es "deja de ser justo".

NO SE CEDE AL CHANTAJE

Muy distinta fue la reacción de la presidenta del PP vasco que señaló que la decisión de la Audiencia nacional "una enorme satisfacción para todos los que entendemos que somos una democracia consolidada y madura". Señaló que lo contrario hubiera sido someterse "al chantaje voluntario de quien ha optado libremente por ponerse en huelga de hambre para intentar así que se atenuase su pena".

El resto de fuerzas del arco parlamentario vasco fueron muy críticas con la resolución de la Audiencia Nacional. Para el secretario general de EA, Unai Ziarreta, esta decisión puede tener "consecuencias imprevisibles" para el proceso de paz y se trata de un fallo que de forma intencionada "obvia los argumentos jurídicos en pos de una decisión política acorde con la línea dura del Partido Popular".

En esta misma línea el otro socio del tripartito vasco, EB, denunció a a través de un comunicado que "los dictados" del PP y reclamó a la Justicia y a los distintos partidos políticos que "no caigan en la venganza". Aralar, por su parte, afirmó que la decisión de mantener a De Juana en prisión es "una actuación de crueldad" por parte de los poderes públicos que no es "homologable" en democracia.

OTR Press

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