Crónica Madrid.- Los peritos municipales avalan la legalidad de las obras que Armada hizo en la terraza de su casa

- El viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid está implicado en el 'caso Guateque' por la licencia de estas reformas

MADRID, 1 Feb. (OTR/PRESS) -

Las obras que el actual viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada, realizó en su casa son legales. Así al menos lo corroboran los peritos enviados por el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital que hoy se trasladador hasta el domicilio de Armada para realizar una inspección ocular de estas obras y comprobar si se ajustan a la normativa administrativa. Armada, que estuvo al frente de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento entre 1997 y 2003, está siendo investigado en el 'caso Guateque' por una denuncia formulada por Margarita Botija relacionada con unas obras supuestamente irregulares en este inmueble

Se trata de un edificio protegido de principios del siglo XX, situado en la calle de La Bola, próxima a la Gran Vía, en el que Armada está empadronado. Se le acusa de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental al falsear la licencia de un sótano otorgada en 2001 con las obras de la terraza de su casa.

Pero, según el abogado de Armada tras su comprobación 'in situ' los arquitectos de Urbanismo certificaron, según su abogado, que las reformas datan de 1876 y no de 2001, en contra de lo sostenido por la denunciante. Armada cuenta con el respaldo incondicional del Gobierno de Esperanza Aguirre y del Ayuntamiento de Alberto Ruiz Gallardón como escenificó el consejero de Presidencia e Interior, Francisco Granados, que acudió esta mañana a la calle de La Bola para mostrar en primera persona "el apoyo, cariño y el aval" del Ejecutivo autonómico a la labor del viceconsejero en su etapa al frente de Urbanismo.

NADA QUE VER CON EL GUATEQUE

"¿Qué tiene que ver esto con el 'caso Guateque? ¿Qué tiene que ver una obra menor de 3 millones de pesetas con el 'caso Guateque'?", se preguntó Granados que señaló que la imputación de Armada es "un error de su señoría", aunque acto seguido matizó que "al juez le presumo la mejor intención. Esto está inducido por una denuncia absolutamente falsa".

Y también hoy el juez encargado de la investigación, Santiago Torres, tomó declaración a dos funcionarios de la Junta Municipal de Chamartín y otro de la Gerencia de Urbanismo. Los tres negaron ante el magistrado que cobraran por agilizar licencias, tal y como consta en una agenda requisada en la que figuran los supuestos pagos dados por empresarios, que oscilan entre 2.400 y 1.000 euros. Tras tomarles testimonio el juez Torres decidió no adoptar ninguna medida cautelar contra ellos, aunque mantendrá su imputación hasta que concluya la investigación.