Antonio Casado.- Diplomacia de talonario

MADRID 29 Abr. (OTR/PRESS) -

Final feliz para nuestros marineros secuestrados en Somalia. Pero me temo no estamos antes un caso cerrado. Aún dará mucho que hablar la diplomacia del maletín (de dólares, claro) y del papel del Estado en la protección de los barcos pesqueros. Pero lo más fresco es la torpeza de Moncloa para endosar el éxito a la diplomacia sin hablar del talonario, cuya banda sonora fue la vicepresidenta Fernández de la Vega el sábado pasado, cuando se apresuró a convocar una rueda de Prensa en la que, además de felicitarse por el rescate de los marineros sanos y salvos, se hizo la desentendida cuando le preguntaron sobre la cantidad abonada en concepto de rescate.

Ante la lógica y pertinente pregunta del millón, habló de "solución diplomática". Una forma de insultar la inteligencia de los españoles y de confirmar que Moncloa nunca va sobrada en materia de comunicación, pues carece de sentido convocar a los periodistas cuando previamente se ha decidido no responder a la única pregunta que era totalmente previsible. Si esa era la doctrina oficial, por no dar cuartos al pregonero, hubiera bastado una escueta nota oficial y el tupido velo sobre algo que cuenta con la comprensión de la opinión pública.

Los españoles están dispuestos a mirar hacia otro lado y a entender la actuación de un Gobierno cuya prioridad era preservar la integridad física de los marineros por encima de todo. Eso es una cosa. Y tomar a los españoles por idiotas, con publicidad y alevosía, es otra, muy parecida al hecho de convocar en Moncloa una rueda de prensa para decirnos que la solución ha sido "diplomática". También José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, insistió en "la diplomacia" como "clave en la resolución del secuestro". Pues no. Los famélicos piratas somalíes solo fueron sensibles al color del dólar. Tal vez lo más aconsejable sea asumir que la diplomacia del talonario salvó a los marineros del "Playa de Bakio" y pasar esa página cuanto antes para dedicarse a otro debate mucho más constructivo: el modo de garantizar a partir de ahora la protección de nuestros barcos ante las acometidas de los piratas del siglo XXI.

Parece una simpleza culpar al Gobierno de lo ocurrido en un remoto lugar del Indico, donde ocasionalmente un reducidísimo número de ciudadanos se gana la vida. Todos los españoles tienen derecho a la integridad física. Y el Estado tiene el deber de garantizar su seguridad, según consta en la Constitución. Pero el Estado no puede poner un policía detrás del empresario, el trabajador o el turista que en un momento determinado decide localizar su actividad, económica o recreativa, a decenas de miles de kilómetros del territorio nacional.

Por tanto, antes de hablar de la flojera del Gobierno, deberíamos considerar otros aspectos más relevantes. Por ejemplo, la sindicación internacional contra el fenómeno de la piratería, incluida la creación de una flota conjunta que patrulle las zonas más conflictivas del planeta.

Antonio Casado.