MADRID 16 Sep. (OTR/PRESS) -
Tras el varapalo del Tribunal Constitucional a la llamada ley de consulta del Parlamento Vasco (plan Ibarretxe bis), la sentencia sobre los recursos presentados contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, por presunta inconstitucionalidad, vuelve a ser el reclamo más apremiante a los magistrados y la tarea más urgente del alto tribunal. Sin embargo, la cosa va para largo, según se temen recurrentes y recurridos.
De momento septiembre será un mes perdido para esa tarea. No para otra, la de la renovación del Tribunal. Cuatro magistrados por expiración de mandato y un quinto por fallecimiento han de ser sustituidos este mes, tal y como convinieron en su día el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy. Por tanto, un nuevo frenazo del calendario a la última palabra sobre la constitucionalidad del "Estatut".
Del calendario y de algo más. Me explico. Lo previsible es que la renovación de ese tercio más uno de los magistrados se produzca este mes sin que el Tribunal, en su actual composición, haya dictado sentencia. En consecuencia, todo el trabajo realizado hasta ahora, o gran parte del mismo, puede acabar en el fondo de una papelera. A no ser que los cinco nuevos miembros aceptasen sin más la doctrina de sus antecesores sobre asuntos tan delicados como la bilateralidad, la soberanía nacional, el principio de igualdad, el régimen linguístico, el blindaje de competencias, etc.
Tratándose de un órgano colegiado, tras una renovación de casi la mitad de sus miembros, lo normal, lo previsible en un asunto de tanto calado político, es que los entrantes quieran poner el cuentakilómetros a cero. Por otra parte, un vistazo a los antecedentes, con un aberrante juego de recusaciones orientado a conseguir la relación interna de fuerzas más favorable a la estrategia de cada uno de los dos grandes partidos del sistema, nos autoriza a sospechar que tanto PSOE como PP querrán manejar el calendario en función de sus intereses.
Algo más. Así como el caso Ibarretxe era bastante simple -básicamente, decidir si, a la luz de la Constitución, el Gobierno vasco era o no competente para convocar consultas por vía de referéndum-, lo del "Estatut" es técnicamente muy complejo. Y eso también contribuye a frenar una de las decisiones más esperadas y de mayor alcance político en la historia del Tribunal.
En resumen, que la sentencia sobre el "Estatut" va para largo. Pero para muy largo. Por todo lo dicho. Y no tanto por voluntad del propio Tribunal pues, me consta, el asunto ha ido en el orden del día de todos los plenos celebrados desde que se presentaron los cinco recursos de inconstitucionalidad que pesan sobre la norma básica de la autonomía catalana.
Antonio Casado.