MADRID, 9 Mar. (OTR/PRESS) -
El problema del feminismo es la militancia. El activismo acaba convirtiéndose en confrontación con el hombre, con todos los hombres. "El violador eres tú", decía la desdichada canción que se hizo viral en 2018. A eso llamo feminismo con ira. Y es como malograr la oportunidad de entregarse a lo que debería ser una apacible, justa y necesaria defensa de la causa de la mujer frente a siglos de supremacía masculina.
Lo uno es compatible con lo otro si la motivación es la igualdad y no el supremacismo. Entonces el riesgo, el peligro, es incurrir en lo mismo que se combate. De hecho ese pecado ya lo cometen muchas de nuestras más renombradas feministas, empezando por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Y lo malo es que contagie al BOE.
No lo digo tanto por su discurso de este lunes (Dia de la Mujer), en el acto que compartió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras en las calles se denunciaba la "criminalización del feminismo" (qué barbaridad) por el hecho de que las manifestaciones del 8-M hubieran sido desautorizadas en Madrid.
Lo preocupante, insisto, es la plasmación en leyes de semejante forma de entender la defensa de la mujer. Véanse los borradores de las dos leyes en las que el Ministerio de Igualdad tiene puestas todas sus complacencias: la llamada ley Trans (autodeterminación del género) y la de Libertad Sexual.
De momento son borradores peinados por los servicios técnicos del Ministerio de Justicia para, entre otras cosas, conferir lenguaje jurídico a lo que originalmente parecía una soflama electoral.
Temeraria pretensión es la de convertir al Estado en árbitro del derecho a la libertad sexual con nuevos supuestos delictivos cuya regulación, a mi juicio, nace sesgada por una visión exclusivamente feminista. Y eso parece reñido con el mantra progresista de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La propia Montero suele explicar con desparpajo que son mujeres las inspiradoras del texto, sin perjuicio de los retoques masculinos aportados desde otros Departamentos donde había imperdonables olvidos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los tratados internacionales firmados por España, solapamientos con otras leyes e invasión de competencias ajenas.
Tampoco se compadece la vocación de integralidad con la insistencia en hacer "un país más seguro para las mujeres" protegiéndolas de la violencia machista. No creo que los salmos de una ministra hiperventilada en el feminismo más gesticulante sea lo más aconsejable en una revisión de tipos penales. Como decía hace un año la socialista Ángeles Álvarez, impulsora del pacto de Estado contra la violencia de género (2017), "las políticas de igualdad no pueden ser campos de pruebas para las ocurrencias de Podemos".
