Carmen Tomás.- Código terrorista

MADRID 15 Feb. (OTR/PRESS) -

"Los presos de ETA no aceptan el tercer grado penitenciario" con estas palabras el abogado del terrorista De Juana Chaos zanjó la posibilidad de que este beneficio penitenciario sirva para que el etarra abandone su huelga de hambre, que ayer cumplió cien días. El Gobierno se encuentra pues con el dilema de afrontar la campaña de críticas que va a poner en marcha el PP, en caso de que se le conceda a De Juana la posibilidad de no cumplir el año y medio que le queda de condena, y la chulería del recluso que no acepta otra solución que su puesta inmediata en libertad.

Es verdad que el ejecutivo de Aznar excarceló a cinco presos de ETA por razones médicas, pero ninguno de ellos había llegado a esta situación de riesgo para su vida por una huelga de hambre utilizada como chantaje para modificar una sentencia. Por estas razones el Ministerio del Interior, de quien depende la Dirección de Instituciones Penitenciarias, va a analizar con el máximo rigor el reglamento que, dada su condición clínica y habiendo cumplido la mitad de la condena que le ha impuesto el Supremo, corresponde a De Juana.

Alfredo Pérez Rubalcaba, el titular de Interior, dijo ayer que se aplicará la legalidad vigente y nada más que la legalidad vigente. Y esta consiste en esperar la propuesta de la junta de tratamiento de la prisión de Aranjuez en la que se solicite por parte de todos sus miembros (entre ellos un psicólogo, un funcionario de prisiones y un trabajador social) el tercer grado para el recluso. Sabiendo que esto no va a solucionar el problema porque el preso se aplica su propio código terrorista y no admite medias tintas. Es, por tanto, impensable que el Gobierno entre al juego de este nuevo órdago de aplicar unos beneficios penitenciarios a los presos de ETA, en función de su particular visión sobre las clasificaciones en las cárceles, diferente de la que se aplica al resto de los reclusos.

En cualquier caso, se van a cumplir todos los plazos reglamentarios y Rubalcaba no está por la labor de dar sensación de inquietud por resolver un asunto que empezó mal, por la aplicación de una condena desmesurada como ha dicho el Supremo, y que ahora no se puede resolver presionados por la polémica. Si De Juana pretende que el Constitucional, donde ha presentado un recurso, anule su condena a tres años va a tener que ser alimentado a la fuerza por mucho tiempo porque este alto tribunal no se caracteriza por las prisas. Por si faltaba alguien, en este cruce de intereses, la AVT ha convocado una nueva marcha en Madrid como "desagravio" a las víctimas del etarra y se supone que en contra de la decisión del Supremo. No falta nadie.

Victoria Lafora.