MADRID 12 Jun. (OTR/PRESS) -
Es sabido que todo exceso conduce a su contrario. La huelga de transportes lo confirma. Fundada en una reclamación justa: el rechazo a la subida brutal del precio del gasóleo, a la postre ha devenido en un despliegue de violencia inaceptable. Cuando un piquete informativo se torna coactivo, la huelga deja de ser un conflicto laboral y se transforma en problema de orden público. La muerte de un transportista en Granada y la quema -en Alicante- de un camión con su conductor dentro, son actos criminales impropios de una sociedad civilizada. Quienes los han promovido, amén de cometer un delito muy grave, han arruinado la simpatía que los ciudadanos podíamos sentir por sus reclamaciones. No se puede apoyar a quienes acreditan tal grado de salvajismo.
En la "sociedad de la información", quienes deciden ir a la huelga tienen garantizado el eco de sus reivindicaciones. Los piquetes, están de más y los coactivos son ilegales.
El Gobierno tiene la obligación de garantizar tanto el derecho a la huelga como los derechos de quienes no quieran secundarla. De momento, hacen como que no pasa nada. Siguen una costumbre que el señor Pérez Rubalcaba inauguró hace tres años, cuando unos huelguistas invadieron las pistas del Aeropuerto de El Prat, en Barcelona. Y, pese a que las entradas por carretera a Madrid -lo mismo que las de Barcelona o los puestos de frontera con Francia- se habían convertido en kilómetros y kilómetros de vehículos bloqueados por los camioneros que están en huelga, ayer por la mañana, en la sesión de control del Senado, el señor Rodríguez Zapatero ni mencionó el conflicto. Según él, tampoco se puede hablar con propiedad de que España este sufriendo una crisis económica. Alicia sigue en el país de las Maravillas.
Fermín Bocos.