MADRID 29 Ene. (OTR/PRESS) -
Creo firmemente que los ciudadanos están hartos de que los políticos digan que asumen las responsabilidades políticas de un hecho, pero que eso no se traduzca en nada: ni dimisiones ni ceses ni medidas para evitarlo ni reclamación de daños. Nada. Nadie. Nunca. Lo hemos visto en la pandemia, en la dana -aunque aquí si hubo ceses y dimisiones, aunque tarde- en el macro apagón y ahora en la tragedia de Adamuz. Sí que ha habido dos ceses por el caos de las cercanías y la tragedia de Gélida en Cataluña, pero todos entendemos que eso ha sido otro pago a los independentistas y una manera de salvar al soldado Illa.
¿Por qué no ha sucedido nada con la misma urgencia ante el caso de Adamuz, mucho más grave? En este asunto hay que asumir la diferencia entre delito y responsabilidad política. El primero si ha existido, lo dictaminará la justicia, aunque, seguramente, tardará tanto en llegar a una sentencia firme que, para entonces, ya no será justicia y la sanción penal apenas tendrá valor. Ahí está para demostrarlo el caso Angrois. Pero ya se verá si hubo imprudencia temeraria y quién es el responsable penal: la falta de mantenimiento, los recortes, el haber actuado con temeridad o desprecio absoluto a las normas básicas de seguridad generando un riesgo grave y daño a la seguridad y a la vida de decenas de personas, aunque sin intención de causarlo.
La responsabilidad polìtica es otra cosa. Se refiere a la idoneidad de quienes tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad de que algo funcione y de evitar los daños tomando las medidas preventivas necesarias. Y existe tanto por actos propios como por actos de personas que dependen de ellos. Y sólo se asume realmente cuando, al margen de posibles responsabilidades penales, hay ceses, dimisiones o perdida de confianza. En el caso de Adamuz, la responsabilidad penal ya se determinará. La responsabilidad polìtica está en quienes, siendo responsables de ello, nombraron a personas que no tenían los conocimientos técnicos o la capacidad para ejercerlos.
En quienes estando obligados a hacer el mantenimiento adecuado de las infraestructuras no lo hicieron, lo hicieron defectuosamente o no controlaron que el trabajo se hubiera hecho bien. En quienes hicieron el trabajo defectuosamente si se comprueba que fue así. En quienes han gestionado mal los recursos y han permitido la degradación de las infraestructuras. En quienes propusieron o dieron el visto bueno a recortes en seguridad. En quienes mantienen varados los trenes que deben hacer el seguimiento permanente del estado de las vías. En quienes han puesto en riesgo la vida de las personas, no sólo de las que murieron trágicamente, sino las que viajan cada día en los ferrocarriles. En quienes han utilizado recursos públicos para contratar fraudulentamente en esas empresas a personas impuestas. En quien, a pesar de estar en su puesto después de la tragedia, faltaría más, miente a la ciudadanía y no lo estuvo en todas las circunstancias expresadas anteriormente. En quien intenta desviar el problema y trata de echar la culpa a la mala fortuna, a la fabricación de las vías, o a los medios de comunicación y pone la responsabilidad inmediata en los maquinistas. En quienes no son capaces de garantizar hoy la seguridad de los viajeros y toman medidas que confunden, alertan y disuaden de subirse a un tren a los ciudadanos.
La responsabilidad polìtica, en este caso, está, sin duda en quienes debieron haber puesto todas las medidas para evitar la tragedia y no lo hicieron o lo hicieron mal. Y esa responsabilidad polìtica, ya veremos si penal también, está en quienes dirigen el Ministerio de Transportes, Adif y Renfe. Y tal vez más arriba. Nunca un Gobierno ha dispuesto de más recursos públicos y más los ha despilfarrado. Mientras no haya ceses o dimisiones, retirada de la confianza a los responsables y nombramiento de otros con conocimientos técnicos suficientes y probados, y no por razones ideológicas o por la "necesidad" de colocar a los militantes del partido que gobierna, lo de "asumir la responsabilidad polìtica" es otra tomadura de pelo impresentable.