25 de mayo de 2020
 
Actualizado 28/12/2008 0:00:29 +00:00 CET

José Cavero (2).- La batalla judicial se libra en la prensa

MADRID, 28 Dic. (OTR/PRESS) -

Nuevamente, la pelea judicial se libra, por supuesto, en muchos despachos, pero también en la prensa escrita. Tenemos ahora mismo dos diarios enfrentados abiertamente por el Caso Tirado, el juez de Sevilla que, por no haber vigilando el cumplimientote su propia condena al pederasta presunto asesino de la Niña Mari Luz, ha sido sancionado por el Consejo del Poder Judicial con solamente una sanción de 1.500 euros, frente a quienes pedían la suspensión den su cargo. El diario El País viene ejerciendo en esta materia una abierta y beligerante acusación contra el corporativismo de los jueces, frente al diario ABC, que defiende a los jueces, que, en su opinión, "plantan cara a la ofensiva del Gobierno contra el CGPJ"... El primero de estos diarios, ha relatado con detalle el que califica como "el dilema judicial más explosivo del último año", protagonizado por el mencionado juez Rafael Tirado, encargado de ejecutar una condena de cárcel contra el pederasta Santiago del Valle, castigado a casi tres años de prisión por abusar de su propia hija, no se enteró durante más de dos años de la negligencia de su propio juzgado que mantenía en libertad al peligroso delincuente. Sólo descubrió el colosal error cuando Del Valle fue detenido como autor del supuesto asesinato en Huelva de la niña Mari Luz. Y entonces, Tirado dictó su orden de busca y captura más inútil. La investigación del caso destapó un rosario de graves negligencias en la tramitación judicial del expediente de Del Valle. Tanto fallo injustificado (retrasos indebidos, comunicaciones inadecuadas, olvidos increíbles...) terminó con una dura sanción del Ministerio de Justicia a la secretaria del juzgado (dos años de suspensión de funciones) y con una multa de 1.500 euros del Consejo General del Poder Judicial al juez. El fiscal recurrió el castigo y pidió para Tirado tres años de suspensión. Los políticos, del Gobierno y del PP, avalaron con sus declaraciones la petición fiscal. Los padres de Mari Luz fueron recibidos en los principales despachos del poder. Reclamaron con insistencia una sanción ejemplar para el juez que dejó libre al supuesto asesino de su hija y les dieron buenas palabras, pero los políticos estaban en manos de los jueces. Pero, según la versión de El País, los jueces, tanto progresistas como conservadores, se conjuraron para salvar a su compañero Tirado.

El martes, los 20 vocales se sentaron a primera hora de la mañana en torno a una larga mesa a cuyo frente estaba Carlos Dívar. El voto iba a ser secreto y algunos optaron por el silencio para no descubrir sus cartas y evitar la exposición pública. El ponente añade a sus argumentos una causa más: la gravedad del delito cometido. Del Valle abusó de su propia hija. Los delitos que atentan contra la libertad sexual provocan una gran alarma social. Este tipo de delincuencia reviste una especial problemática. Es muy difícil la reinserción del delincuente y hay grave riesgo de que siga cometiendo más delitos. Por eso es necesaria incluso una mayor diligencia en la ejecución de sentencias contra este tipo de delincuentes. Los vocales se enzarzan entonces en la interpretación del artículo 417.9 de la Ley del Poder Judicial que regula las faltas muy graves que acarrean suspensión: "La desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación de la tramitación o resolución de procesos o causas en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales". El bloque judicial conservador y varios jueces progresistas defienden que en este caso sólo ha habido retraso injustificado en una sola sentencia, recuerdan que el juzgado de Tirado estaba sobrecargado de asuntos y que, además, superaba el módulo de trabajo asignado hasta en un 140%.

Relata El País la argumentación empleada por unos y otros miembros del CGPJ: Los favorables a la falta muy grave sacan más datos para convencer al bloque judicial. En la inspección del Poder Judicial de ese juzgado, seis meses antes de que se detenga a Del Valle, el informe no detecta sobrecarga desmesurada de trabajo ni atasco y le dice al juez que la tramitación en la ejecución de sentencias es muy lenta y muchas están paralizadas. Sin embargo, en los seis meses siguientes no se constata que se haya hecho nada para solucionarlo. La nueva evidencia vuelve a caer en saco roto. La mayoría se mantiene inalterable. Los conservadores insisten con nuevos argumentos para buscar un chivo expiatorio: la secretaria del juzgado, castigada con dos años de suspensión por el Ministerio de Justicia. El juez no tiene obligación de hacer un seguimiento de las ejecutorias, argumenta uno de los vocales para concluir que esa responsabilidad es de la secretaria del juzgado y de los funcionarios. Otro conservador se une al argumento con una invectiva contra la Junta de Andalucía, a la que culpa de lo ocurrido por no dotar de los medios humanos y materiales necesarios a los juzgados. Y otro más se apunta al carro de eludir la responsabilidad de Tirado recordando que es la secretaria quien tiene que dar cuenta de cómo va la ejecutoria. "Es su trabajo, no el del juez. El juez cumple dictando las sentencias", resumen todos los favorables a salvar a Tirado. Una vocal del grupo conservador llega todavía más lejos y pide que se le retire la multa de 1.500 euros a Tirado porque, según defiende, cumplió con su trabajo, no tiene ninguna responsabilidad en lo ocurrido, que es culpa de la falta de funcionarios porque la Junta de Andalucía no invierte lo suficiente. Pero, resume El País, esas tres horas de debate no llegan a tener grandes consecuencias. El pacto de los jueces es inamovible. Todos cogen un papel para escribir el sentido de su voto y lo depositan sobre una bandeja. El recuento confirma la victoria de la conjura de los jueces por 14 a 7. El escándalo vuelve al Consejo General del Poder Judicial.

La versión de ABC es radicalmente distinta: Nos hallamos, relata, ante una situación que mueve a los jueces a "plantar cara sin fisuras a la ofensiva del Gobierno contra el CGPJ. Añade que las asociaciones de magistrados tachan de totalitaria y desproporcionada la reacción de Zapatero, que ha avisado de que buscará todos los caminos legales contra la levísima sanción al Caso Mari Luz."Los jueces hacen piña ante la totalitaria ofensiva de Zapatero", insiste ABC.

El juez Dívar ha accedido a comparecer en el Congreso, dentro de unas pocas semanas, para dar cuenta de la actitud del Consejo que preside, una "condescendencia" que a muchos de sus colegas de oficio repugna por "ceder al poder político". El principal partido de la Oposición prefiere esperar y ver, en silencio."Que se desgasten y se peleen el Gobierno y sus medios informativos", parece que es su actitud.

José Cavero.