MADRID 19 Dic. (OTR/PRESS) -
El Fondo Monetario Internacional acaba de certificar la entrada de la economía española en una recesión dura y prolongada si no se adoptan reformas profundas para dotarla de flexibilidad e incrementar la productividad. La hipótesis de una crisis en L, esto es, de una severa caída del ritmo de crecimiento del PIB seguida de un período de estancamiento se ha convertido en un riesgo real ante la pasividad de un gobierno que sigue sin entender la naturaleza de la crisis y por tanto no es capaz de introducir las medidas necesarias para restaurar las bases de la prosperidad.
El "don tancredismo" gubernamental ante la recesión refuerza la potencia depresiva de ésta porque las familias y las empresas carecen de expectativas de que la situación se arregle. Este panorama no ha mejorado sino que por el contrario ha empeorado a raíz de los sucesivos paquetes de gasto aprobados por el ejecutivo socialista, una orgía de despilfarro sin sentido.
Ante este panorama, si se opta por introducir estímulos fiscales, éstos deberían haberse articulado a través de recortes de impuestos en vez de incrementos del gasto público. Los socialistas siguen aferrados al multiplicador del gasto de los viejos manuales keynesianos cuando la teoría y la evidencia empírica muestran su escasa potencia para reactivar la economía en el corto y en el largo plazo. La reducción de los tipos impositivos en el IRPF, en el Impuesto de Sociedades y la bajada de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social tendrían un coste irrelevante para la hacienda en un escenario recesivo y sí ejercían un impacto positivo muy significativo sobre la demanda y sobre la oferta productiva al reducir los costes de las empresas y al aumentar la renta disponible de los hogares.
En la coyuntura económica española, una rebaja de la fiscalidad sobre las personas y sobre las sociedades ayudaría en el corto plazo a elevar la renta disponible de las familias y a mejorar la posición financiera de las compañías, aliviando el choque de la crisis; en el medio y en el largo contribuiría a aumentar sus incentivos a ahorrar, gastar e invertir porque la tasa de retorno, después de impuestos, de esos factores de producción sería mayor. Al mismo tiempo, la disminución de las cotizaciones a la Seguridad Social abarataría el coste del factor trabajo y, si capital y trabajo son complementarios, elevaría la demanda de bienes de capital y también la de la mano de obra. Esto significa que la reducción de los impuestos sería un instrumento básico para amortiguar la dureza de la recesión y para impulsar la salida de ella.
Por otra parte, una reforma fiscal de esas características tendría consecuencias muy beneficiosas sobre la competitividad de la economía. Los impuestos son costes y su reducción es una de las escasas armas disponibles en una unión monetaria para mejorar la posición competitiva de los bienes y servicios españoles en los mercados exteriores. La otra opción es un lento y doloroso proceso de ajuste de los precios y de los salarios domésticos y/o, como sucede ahora, una gigantesca destrucción de empleo cuando el mercado de trabajo es demasiado rígido. Desde esta óptica, la reducción de los impuestos tendría efectos similares a los de una devaluación porque permitiría abaratar las exportaciones nacionales vía una depreciación del tipo de cambio real.
Lorenzo Bernaldo de Quirós.