MADRID, 8 May. (OTR/PRESS) -
La anulación de las candidaturas con que Batasuna pretendía concurrir a las próximas elecciones se ha efectuado, sin duda, con sumisión a la ley, en concreto a la de partidos políticos que se ideó y decretó contra Batasuna precisamente, pero ello no empece para considerar toda prohibición en el terrreno político como un fracaso de la política. La mera concurrencia a unos comicios supone la aceptación de las normas básicas del juego democrático, bien que, como en éste caso, desde postulados ideológicos cercanos a otra formación (ETA) que no acepta esas normas y las conculca violentamente, de suerte que la expulsión de ese juego pese al acatamiento de esas normas no puede sino arrojar al inquietante jugador expulsado (Batasuna) al otro lado de la frontera, el de la marginalidad y la clandestinidad, más aún si cabe.
Entre ciento cincuenta y doscientas mil personas suelen votar a Batasuna, y se sabe que una buena parte no lo hace por su vinculación a ETA, sino a pesar de ella. Se trata de ciudadanos no incursos en ningún procedimiento penal ni enfrascados en el mundo deldelito que sintonizan ideológicamente con las propuestas independentistas de la formación abertzale y que, como es natural, llegada la ocasión expresan su afinidad mediante el voto.
¿Qué gana el conjunto de la sociedad prohibiéndoles ese ejercicio ciudadano consagrado por la Constitución, a menos que se compute como ganancia su radicalización y su definitivo abandono de los cauces democráticos? Con esa decisión, arbitrada sólo por los jueces, el proceso hacia el apaciguamiento y la normalidad en el País Vasco entra en una vía muerta de la que sólo se puede salir dando marcha atrás, cuando lo que procedería es avanzar, siquiera un poco.
Se impide, sí, el control de Batasuna de algunos Ayuntamientos, pero el precio, que no sé si se ha calculado bien, podría ser desmesurado.
Rafael Torres.