BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
Entre 750.000 y 800.000 catalanes todavía no han dado sus datos para conservar su teléfono móvil de tarjeta prepago, según explicó el director de la Agencia Catalana de Consumo, Jordi Anguera, haciendo una "estimación media".
En declaraciones a Rac 1 recogidas por Europa Press, Anguera calculó que el número de móviles con tarjeta prepago cuyos dueños todavía no se han identificado en Catalunya suman un saldo de entre ocho y nueve millones de euros.
Hoy es el día de desconexión para los móviles que funcionan con tarjetas prepago y no están identificados ante sus operadoras, pero los usuarios dispondrán de un periodo de otros seis meses para registrarse.
Así lo anunció el sábado en rueda de prensa el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras llegar a un acuerdo con las principales compañías de teléfonos móviles que operan en España: Telefónica, Vodafone y Orange.
Los usuarios a los que se les corte la línea hoy recibirán un aviso de la operadora cada vez que intenten hacer una llamada. En este mensaje, se les advertirá de que deben contactar con la compañía para identificarse. La línea será dada de baja definitivamente si al pasar los seis meses el usuario no se ha registrado.
Las compañías barajan que todavía quedan aproximadamente tres millones de usuarios de tarjetas prepago en toda España que no se han identificado ante sus operadoras.
Rubalcaba recordó que la "opacidad" que existía al no conocer la identidad de los usuarios de tarjetas prepago permitía a los delincuentes comunicarse sin que las autoridades estuvieran al corriente, por lo que subrayó que esta medida, adoptada en la Ley de Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, que entró en vigor el 9 de noviembre de 2007, permitirá a las fuerzas de seguridad acceder a las líneas sospechosas de delincuencia organizada.
La ley establece que los operadores de servicios de telefonía móvil prepago deberán llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes. En este sentido, los datos pueden ser requeridos por orden de un juez, con la finalidad de detectar, investigar y enjuiciar delitos graves.
