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El cierre de webs, pendiente del Consejo de Ministros del próximo viernes

Actualizado 15/03/2010 13:39:38 CET
Zapatero
EP

MADRID, 15 Mar. (Portaltic/EP) -

El Gobierno aprobará el próximo viernes en Sevilla la Ley de Economía Sostenible --tal y como anunció José Luis Rodríguez Zapatero-- y una de sus principales propuestas, el cierre de webs con descargas ilegales, está a la espera de conocer si finalmente queda modificada tras los informes de diversas instituciones.

El pasado 8 de enero, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto conocido como 'Ley Sinde', por lo que el siguiente paso era el de conocer la opinión de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado. A la espera de la aprobación definitiva de la Ley, el texto podría haber registrado cambios en este periodo de dos meses en el que ha sido estudiado.

El primero en pronunciarse fue el CGPJ, quien alertó sobre la "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet.

A pesar de que el consejo avalaba el modelo del Gobierno, precisó en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo que "no se valora el efecto" que puede derivarse de la concentración en los juzgados de lo contencioso-administrativo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado calificó de "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

En su informe, criticaba que se haya situado la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección de la juventud y de la infancia.

El anteproyecto de ley que recibió el visto bueno del Consejo de Ministros contemplaba que fuera la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional la encargada de decidir si se cerraba una página web que infrinja los derechos de propiedad intelectual.

Según la normativa prevista, el juez deberá decidir, mediante un proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de una página web.

La Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, será la encargada de investigar si se producen actos lesivos. Uno de los asuntos pendientes que todavía no se ha hecho público es la composición de la citada comisión.

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