MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Consumidores en Acción, Facua, reiteró este martes que, tras denunciar el pasado mes de octubre que veinticuatro empresas se lucraban de las reclamaciones y consultas de los clientes empleando líneas 807, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), dependiente del Ministerio de Industria, sigue "sin poner freno" al "uso ilegal" de estos números.
En concreto, Facua explicó que aunque la actual legislación prohíbe la prestación de servicios de atención al cliente o de posventa a través de estas líneas, la Setsi, encargada de su cumplimiento, todavía no ha dado respuesta a las denuncias de la asociación y la "gran mayoría" de empresas denuncias siguen utilizando las líneas 807.
Facua indicó que al cobrar por las consultas y reclamaciones, las compañías incurren en "cláusulas abusivas", al limitar de forma inadecuada el ejercicio de derechos de los usuarios que están implícitos a la compra o contratación de los productos y servicios.
En función de la compañía y de si el usuario realiza la llamada desde un teléfono móvil o un fijo, los precios de las llamadas a los teléfonos 807 oscilan entre 0,41 y 1,51 euros por minuto.
La organización denunció en mayo de 2009 a seis empresas por utilizar estos teléfonos ante el Instituto Nacional del Consumo (INC) del Ministerio de Sanidad y Política Social y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas.
Seis meses después, la asociación presentó una batería de denuncias contra un total de veinticuatro firmas. Esta vez fueron remitidas a la Setsi, ya que en julio habían entrado en vigor cambios en el Código de Conducta para la Prestación de los Servicios de Tarificación Adicional.
En este sentido, la organización indicó que desde julio del año pasado, el Código de Conducta para la Prestación de los Servicios de Tarificación Adicional establece que no podrán utilizarse números con tarificación adicional para la prestación de servicios de atención al cliente o de posventa vinculados a la adquisición de un bien o la prestación de un servicio.
Las compañías denunciadas el pasado octubre son empresas del sector aéreo, agencias de viajes, portales de Internet, juegos online, intermediación financiera, subastas, tiendas de ropa y electrónica y alquiler de coches.
