El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, interviene en una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2021, en Madrid (España). El Pleno del Congreso vota este jueves tres decretos leyes que incluyen el n - A. Pérez Meca - Europa Press
MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Comisión nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre el anteproyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, en el que recomienda mejorar la información ofrecida al consumidor sobre los productos que sobrepasen la fecha de consumo preferente.
El organismo estatal destaca que el texto del Ejecutivo pretende que los productos con fecha de consumo preferente próxima a vencimiento o vencida se presenten separados con bajada de precios o se destinen a la donación. También se pretende la obligatoriedad de informar al cliente de un restaurante que puede llevarse, sin coste alguno, los alimentos no consumidos.
En el informe, la CNMC realiza algunas recomendaciones para mejorar varios aspectos del anteproyecto como son establecer un mínimo de asociaciones a las que consultar por parte del agente que realiza las donaciones. En cuanto a las administraciones públicas, se recuerda que sería preferente la utilización de procedimientos de concurrencia competitiva.
También apuesta por fijar obligaciones para los establecimientos comerciales en función de su superficie. El anteproyecto establece que las comunidades autónomas deben concretar el tamaño de las superficies a las que afectarán algunas obligaciones, y se recuerda que debe hacerse de acuerdo a los principios de buena regulación.
Respecto a las obligaciones para las administraciones públicas en materia de contratación pública, la Comisión recomienda incluir exigencias de reducción y gestión de los desperdicios alimentarios en la contratación pública de servicios de gestión alimentaria.
Por otra parte, el informe hace referencia a las adquisiciones de proximidad y la utilización de productos locales en la contratación pública. Se recuerda que, si los pliegos contemplan criterios de arraigo territorial, éstos no se pueden aplicar de manera discriminatoria, deben estar justificados por razones imperiosas de interés general, ser adecuados para garantizar la realización del objetivo que persiguen y no ir más allá de lo necesario para alcanzarlo.
La CNMC valora "positivamente" esta normativa en términos generales, por cuanto que "presenta beneficios para todos los eslabones" de la cadena alimentaria (búsqueda de una gestión más eficiente de los recursos destinados a producir alimentos y valorización de aquellos).
A su juicio, también incluye "indudables ventajas" desde la óptica medioambiental (disminución en la generación de residuos, mejor gestión de los recursos hídricos) y social (fomento de las donaciones para consumo humano).