Archivo - Una niña de camino a la escuela - Carlos Luján - Europa Press - Archivo
MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La práctica totalidad de los colegios concertados en la Comunidad de Madrid, un 96,7%, solicita una cuota o aportación educativa pese a que la ley establece la gratuidad de la enseñanza y en siete de cada diez de los que lo hacen los presentan como obligatorios, según el XI Estudio de Cuotas de los Colegios Concertados de la Comunidad de Madrid presentado este miércoles por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
El estudio ha sido elaborado por Garlic B2B por encargo de Cicae para el curso 2026-2027 tras analizar 151 colegios entre marzo y abril de este año mediante la técnica del cliente simulado o 'mystery shopper', con familias interesadas en solicitar plaza en el segundo ciclo de Educación Infantil para el curso 2026-2027 que contactaron con los centros por teléfono, mediante visitas presenciales y a través de videollamadas.
La investigación documenta "cobros ilegales y prácticas contrarias a las garantías de gratuidad" como conceptos de cobro no contemplados en la ley, aportaciones comunicadas como obligatorias y actividades complementarias estables dentro del horario escolar, según han apuntado en un comunicado.
En líneas generales, el 96,7% de los centros solicita una cuota o aportación educativa. Entre los 146 colegios que lo hacen, el 86,3% no lo presenta como un pago libre de consecuencias para el alumno.
En concreto, el 71,2% lo presenta como obligatorio, mientras que otro 15,1% admite no pagar pero anticipa exclusión de actividades o contenidos (el estudio recoge consecuencias comunicadas a las familias, no exclusiones efectivamente observadas). Finalmente, el 13,7% restante reconoce la voluntariedad sin consecuencias excluyentes.
Por contra, únicamente cinco centros, el 3,3% de la muestra, aseguran no solicitar cuota ni aportación educativa y defienden expresamente la gratuidad. "La educación es gratis, no se puede cobrar por ello, somos un colegio, no un negocio", explican.
En el caso de los que sí lo hacen, los importes solicitados llegan a 2.450 euros anuales, con una media de 1.032 euros, sin comedor, transporte ni otros servicios, según la investigación, que apunta que el 36,3% solicita pagos por conceptos no admitidos por la ley.
"Bajo un mismo sistema de financiación pública, hay colegios que no solicitan cuota ni aportación educativa y otros que piden hasta 2.450 euros al año, además de otros pagos", ha señalado la directora general de Cicae, Elena Cid.
En este sentido, ha sostenido que estas diferencias exigen "una explicación" y llevan a cuestionar "si los importes más elevados responden a necesidades educativas o a la búsqueda de rentabilidad".
DIFERENCIAS ENTRE TITULARIDAD MERCANTIL Y SIN ÁNIMO DE LUCRO
En cualquier caso, hay un comportamiento diferencial en cuanto a la titularidad del centro. Así, mientras los centros mercantiles piden una media de 1.450 euros anuales por alumno, los de las entidades sin ánimo de lucro, vinculados por ejemplo a fundaciones, solicitan unos 680 euros, es decir, menos de la mitad.
Al hilo, desde Cicae han advertido que las diferencias entre titularidades apuntan "a la mercantilización de un nuevo modelo de concertada". En un análisis propio, adicional al informe, sitúa en el 44% la titularidad mercantil en Madrid.
INCUMPLIMIENTOS DE LAS GARANTÍAS DE GRATUIDAD
En el estudio se apunta además a incumplimientos de las garantías de gratuidad. Según sus resultados, en el 36,3% de los casos analizados se solicitan pagos por conceptos no contemplados en la ley, como "cuota" o "proyecto educativo".
El informe también recoge aportaciones obligatorias y cobros vinculados a contenidos que los centros presentan como necesarios para completar la formación, con consecuencias de exclusión si no se pagan.
Asimismo, documenta actividades complementarias estables dentro del horario escolar, entre periodos lectivos, pese a la prohibición legal. Así, apunta que el 15% solicita pagos por actividades complementarias y, entre ellos, el 59,1% facilita su nombre y horario, principalmente entre las 12 o 12.30 horas y las 13 o 13.30 horas.
En este sentido, Cid ha indicado que muchas familias "no pueden recoger a sus hijos entre periodos lectivos y no tienen una posibilidad real de elegir que no participen". Por su parte, la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Mari Carmen Morillas, ha señalado que la organización de la jornada "no puede convertirse en una forma de presión para pagar".
FALTA DE INFORMACIÓN Y CONFUSIÓN
Además, en el estudio se señala que las familias encuentran "conceptos con distintas denominaciones, pagos mensuales y anuales y escasas explicaciones sobre contenidos, horarios, obligatoriedad y consecuencias del impago".
Consideran que la confusión "aumenta" cuando la documentación habla de aportaciones voluntarias y la explicación verbal transmite obligatoriedad. "Esto dificulta prever un gasto que puede comprometer la economía familiar durante muchos años", sostienen desde Cicae y FAPA.
En este sentido, el 39% de los centros no publica de forma completa los precios de actividades y servicios en su web y además, en el 39% de los que solicitan cuota o aportación, "la voluntariedad no se menciona durante la entrevista ni aparece en la documentación".
"Las familias deben conocer las condiciones económicas antes de elegir colegio, con información completa, accesible y clara", ha remarcado la presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
En este contexto, las entidades han reclamado a la Consejería de Educación el cumplimiento de su obligación de "garantizar la gratuidad, supervisar tanto los cobros como la información facilitada a las familias y actuar para que cesen los cobros ilegales y las prácticas contrarias a la voluntariedad y la no discriminación.
Además, Cicae reclama también "adaptar la normativa y los mecanismos de control a estas prácticas de financiación privada".
ESTRATIFICACIÓN POR TIPOLOGÍA SOCIETARIA
Garlic B2B realizó el estudio por encargo de CICAE mediante muestreo probabilístico estratificado por tipología societaria e incluye la documentación y las explicaciones verbales que los propios centros facilitan durante el proceso de solicitud de plaza, incluidas sus respuestas cuando las familias preguntan qué ocurriría si no pagan.
El informe identifica cuatro perfiles entre los centros analizados. El Grupo 1 representa el 28% de la muestra y presenta los importes "más elevados", con una media de 1.748,40 euros anuales. El 90,7% tiene titularidad mercantil y el 79,1% se constituyó después de 2000. Este grupo está en zonas de renta elevada y es donde se concentran "las advertencias de exclusión", pues el 44,2% de sus centros las anuncia durante la entrevista.
El Grupo 2 representa el 38% y combina entidades mercantiles y sin ánimo de lucro. Solicita una media de 865,40 euros anuales y registra la mayor presión para el cobro --8,65 sobre 11-- y la menor transparencia --23,51 sobre 100--.
Por su parte, el Grupo 3 concentra el 19% y en él predominan las entidades sin ánimo de lucro de larga trayectoria. La media es de 746,50 euros anuales. Además, la voluntariedad suele documentarse, pero se explica poco durante la conversación.
El último grupo, el 4, concentra el 15%. Presenta los importes más bajos, con 432,80 euros anuales de media, mayor transparencia y menor presión. Predominan las entidades sin ánimo de lucro en entornos de menor renta e incluye los cinco centros sin cuota ni aportación educativa.
