MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Escuelas Católicas ha publicado la 'Guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en centros educativos', en la que insta a los más de 2.000 colegios que agrupa a creer, escuchar y desculpabilizar a la víctima y a actuar ante estos delitos.
La guía, que cuenta con el patrocinio de SM, es una "buena herramienta para saber actuar y mirar de frente al horror generado por los agresores y también para mirar de frente, con ternura y compromiso reparador, a las víctimas, desde las máximas de la protección del menor y de la escuela como entorno seguro".
El documento, que se distribuirá en todos los colegios que forman parte de Escuelas Católicas, detalla "elementos determinantes para garantizar el cumplimiento normativo" respecto a los casos de abusos sexuales a menores en los colegios; y persigue ayudar a entender e incorporar la prevención y la reparación y ayudar para que los colegios cumplan la misión de ser entornos seguros, contribuyan a la "mejora" del mundo y acaben con la lacra de los abusos sexuales a menores.
También ayuda a clarificar conceptos e ideas sobre los abusos sexuales a menores; busca fundamentar la actuación y la responsabilidad que corresponde a las escuelas católicas; insta a prevenir para ir "un paso por delante" del abuso, creando espacios "seguir y amables" para los menores en los centros; apuesta por criterios "acertados y transparentes" de intervención, parte de la cual es el proceso de reparación y sanación, que se gestiona incorporando nuevas medidas preventivas y en la acogida y protección del menor, un acompañamiento que repare el daño, aporte seguridad, genera sentido y reincorpore a la vida y a las relaciones sanas en la comunidad.
EN NINGÚN MOMENTO SOLICITAR DETALLES DEL ABUSO
En concreto, establece que, cuando la revelación del abuso sexual provenga de una conversación, sea por iniciativa del menor o del adulto, motivada por sospecha ante determinadas actuaciones, es conveniente seguir una serie de pautas que garanticen el bienestar de la víctima: mantener la calma, escuchar al menor sin interrumpirle y evitar hacer preguntas que puedan intimidar al menor.
Los trabajadores del centro, según señala la guía, no deben solicitar detalles del abuso "en ningún momento", ni realizar promesas que no pueden cumplirse. En este punto, el documento recomienda reducir la conversación a mínimos que permitan después actuar adecuadamente a los profesionales que realizarán la evaluación y seguimiento del caso.
Una vez el colegio tenga sospecha razonable o conocimiento de un caso de abuso sexual, además de las obligaciones legales, el centro "asume la responsabilidad de proteger y salvaguardar al menor, para lo que pone en marcha los protocolos previstos, aprobados y conocidos".
Así, corresponde a la dirección del centro, tras conocer la realidad del hecho y registrar lo sucedido, "actuar con la mayor celeridad aplicando los protocolos de actuación, en colaboración permanente con los profesionales externos y autoridades". En todo momento las entidades educativas deberán mantener las premisas de confidencialidad, profesionalidad y disponibilidad.
En este sentido, la guía destaca la importancia de llevar un registro "preciso" de los hechos, de los procesos desarrollados y de la información recibida; proteger los datos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes.
CUMPLIR CON LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DEL MENOR
En cuanto a las obligaciones jurídicas tras la sospecha o conocimiento del abuso, insta a cumplir con la Ley de protección integral de los menores que impone una serie de actuaciones al respecto, "que no han de pasarse por alto, no solo por la obligación del cumplimiento jurídico, sino también por coherencia con el compromiso de espacio seguro en el centro educativo y sus actividades".
De este modo, el documento advierte del deber de comunicar a la autoridad competente la existencia de posibles de violencia ejercida sobre menores, "sin necesidad de que haya certeza, así como al tener conocimiento de la existencia de contenidos violentos contra menores en Internet".
Asimismo, subraya que la comunicación a la autoridad competente debe realizarse "de forma inmediata, tan pronto como se tenga conocimiento o indicios de los hechos, y se ha de hacer por medio de una comunicación, no de una denuncia, dejando constancia de haberla realizado, y dirigido, en el caso de que no exista delito, a la autoridad administrativa competente o, en su caso, a la Agencia Española de Protección de Datos. En el caso de que el hecho comunicado constituya un delito, deberá dirigirse al Juzgado, al Ministerio Fiscal o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
PROCESO CANÓNICO SI EL ABUSADOR ES UN RELIGIOSO O SACERDOTE
En el caso de que el abusador sea un religioso o sacerdote, la autoridad competente abrirá un proceso canónico, que puede concluir con la prohibición del ejercicio ministerial y/o expulsión del instituto religioso.
En caso de ser un profesor o personal del centro, se abrirá un expediente disciplinario con suspensión de actividades con menores y la aplicación del resto de medidas cautelares que se pueden adoptar, pudiendo finalizar con una sanción de sentido.
Para que el alumno que ha sufrido abusos sexuales se sienta protegido en el ámbito escolar, el orientador, en coordinación con el tutor, verificará qué compañeros son de mayor confianza para el mismo, con los que se relaciona asiduamente, para generar un grupo de protección que le aporte cuidados emocionales en el proceso que sigue a la revelación, una medida que, según indica la guía, "se puede tomar siempre que el caso sea público y haya habido una sesión específica de tutoría para informar al grupo-aula completo".
En este contexto, el documento recalca que el orientador se mostrará en "plena disposición" de dar apoyo emocional y criterios de actuación al grupo de protección, pero "deberá tener en cuenta la confidencialidad en cuanto a los detalles de los hechos, que no deben ser revelados ni nombrados".
La guía refleja que el equipo docente que suele estar en contacto con la víctima debe conocer "a grandes rasgos" lo que ocurre, para cooperar en el resto de medidas reparadoras que adopte el centro, "acompañando desde el respeto y el cuidado". Igualmente, el grupo-clase "puede constituir un apoyo muy valioso para el menor que ha sido víctima de abusos sexuales".
PROCESO DE SANACIÓN Y REPARACIÓN
La intervención del centro educativo o la entidad titular en los casos de abuso sexual se complementa con la sanación y reparación del daño: "No solo es imprescindible incorporar este proceso, además forma parte del estilo propio en su misión educativa evangelizadora".
Independientemente de que el menor realice todo o parte de su proceso de sanación en un ámbito terapéutico, con un profesional de la materia, Escuelas Católicas apunta que desde el centro educativo "se debe colaborar activamente, de modo que se complemente la intervención".
Así, explica que corresponde al orientador del centro y al tutor del menor, en trabajo conjunto con el Coordinador de Bienestar y Protección, acompañar al menor que ha sido víctima de abusos, incorporando acciones que permitan la reparación y sanación de los daños sufridos.
Para ello, la Ley de garantía integral de la libertad sexual promueve la creación de un servicio de atención especialidad a los menores víctimas de violencia sexual, con asistencia psicológica, educativa y jurídica, por las administraciones públicas.
