Bolonia.- El PP exige en el Congreso un estudio sobre las consecuencias del plan para los empleados públicos

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, en la que exige al Gobierno que presente antes de seis meses un estudio sobre las consecuencias que tendrá la adaptación española en el proceso de Bolonia y su aplicación práctica para los trabajadores del conjunto de las Administraciones Públicas, con las que le exige que colabore para preparar una propuesta normativa "con carácter general" sobre esta cuestión.

El portavoz de Administraciones Públicas del PP en la Cámara Baja, Rafael Merino, explicó que entre los aspectos que pueden afectar a las Administraciones destacan el acceso a los diferentes cuerpos y escalas en función de los nuevos grupos contenidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, así como las retribuciones, provisión de puestos de trabajo y a la promoción profesional de funcionarios y personal laboral.

En este sentido, el portavoz popular advierte de que la nueva estructuración de los estudios superiores y las precisiones contempladas en el Estatuto Básico del Empleado Público, tendrán una "afección directa", para la "promoción laboral" de los funcionarios por la adaptación a los nuevos Cuerpos y Escalas que "pudieran dimanar" de los nuevos grupos de clasificación para el acceso a la función pública.

"Todo ello teniendo en cuenta el acervo de organización de nuestra Administración Pública en tanto sea conciliable con las medidas que hayan de adoptarse", recalcó Merino, quien recordó que con la finalidad de desarrollar criterios y metodologías uniformes sobre la acreditación en los diferentes países, se creó en noviembre de 1993 el Consorcio Europeo de Acreditación.

RECONOCIDO EN EL ESTATUTO DEL EMPELADO PÚBLICO.

Asimismo, la Comisión creada por el Ministerio de Administraciones Públicas para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público en septiembre de 2004, propuso mantener la clasificación de los grupos de funcionarios públicos en función de los niveles de titulación académica, adecuándolos a la estructura actual y prevista en el sistema educativo.

En este sentido, Merino señaló que la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 incorporó una nueva clasificación profesional para el acceso a la función pública, sobre la base de "la evolución que ha experimentado en los últimos años nuestro sistema educativo" y "el proceso abierto de reordenación de los títulos universitarios".