CASTILLA Y LEÓN.-La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de CyL afirma que el Pacto por la Educación "deja mucho que des

SALAMANCA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria de Castilla y León, (ASPES-CL) manifestó hoy que el Pacto social y político por la Educación' que defiende el Ministerio de Educación "deja mucho que desear".

Entre los motivos que ASPES-CL defiende para oponerse al documento ministerial, destacó en un comunicado remitido a Europa Press que el texto "no contempla la elaboración de una nueva ley educativa, consensuada y duradera, como garantía de un modelo educativo estable y aceptado por todos".

Además, incide en que "no se aborda el instrumento más importante y necesario a la hora de incrementar la calidad de la enseñanza: la reducción del número máximo de alumnos por aula".

También explica que no se establecen evaluaciones al alumnado, "serias y externas al sistema", al final de las etapas educativas de Primaria, ESO y Bachillerato, como garantía a las familias de que "las calificaciones de sus hijos reflejan realmente los conocimientos adquiridos y como paso imprescindible para la continuación en el sistema educativo".

La Asociación lo rechaza igualmente porque "se plantea la reducción de materias y profesores en los cursos de Primero y Segundo de ESO" y entiende que esta medida "podría suponer un retroceso hacia la 'primarización' de la enseñanza secundaria y un aumento del profesorado generalista, en detrimento del especialista".

Asimismo, "el documento no establece ningún tipo de aumento en la duración del Bachillerato, por lo que nuestro país continuará teniendo un Bachillerato de los más cortos de Europa", aseveró.

Para ASPES-CL, "tampoco se estima la conveniencia de adelantar la edad en la que los escolares deben optar por continuar la vía formativa del bachillerato o de la formación profesional. Mientras que en los países europeos esta decisión se toma, como media, a la edad de 13,8 años, la propuesta del ministerio insiste en que los escolares españoles retrasen su opción hasta el umbral de los 16 años. Tal retraso tiene una incidencia decisiva en las condiciones en las que se desarrolla el trabajo en las aulas de Secundaria".

Igualmente, afirmó en el comunicado que "no se da el paso decidido del reconocimiento del profesor como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, ni la aceptación, sin complejos, de que el profesor ha de ser quien manda en la clase, todo ello con el fin de garantizar que los alumnos verdaderamente interesados obtienen la mejor formación posible".

Finalmente, recriminó que "el Ministerio apuesta descaradamente por la consideración de la enseñanza concertada como un servicio público, aunque esté, de facto, en manos de empresas privadas".