CCOO pide al Gobierno que no sea cauto con los criterios para nuevas universidades y CSIF más financiación para públicas

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras considera que el Gobierno "no debe pecar de ser demasiado cauto" con el endurecimiento de los criterios para la creación de nuevas universidades, mientras que CSIF ha reclamado incrementar la financiación de las universidades públicas.

No obstante, valora positivamente que el Ejecutivo "se decida a abordar una problemática alarmante" con el anuncio de la modificación del RD 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y la acreditación institucional de estos centros.

El sindicato recuerda que en 2021 "se vio la proliferación de universidades privadas potenciada por un muy laxo RD 420/2015 del PP y la falta de financiación de las universidades públicas por parte de algunas comunidades autónomas".

Sin embargo, durante la tramitación del RD 640/2021, CCOO señaló que dicho Real Decreto "no terminaba de atajar el problema del aumento indiscriminado de centros de titularidad privada".

Por tanto, valora que ahora se estudie recoger algunas de las propuestas que el sindicato realizó en 2021, como que el informe de la Conferencia General de Política Universitaria fuera vinculante para la creación de un nuevo centro universitario.

"Parece que habrá ahora un informe de ANECA sobre su viabilidad y calidad que sí será vinculante. Creemos que ambos informes deben serlo", puntualiza.

También considera positivo que se regule un mínimo de estudiantado (4.500) para poder crear una universidad, a la par que la creación de alojamiento universitario asequible (10%), asegurar la solvencia económica y la experiencia en gestión universitaria de sus promotores, aumento de los requisitos en investigación o que los centros en línea, dado su ámbito nacional, tengan que ser aprobados por las Cortes Generales.

"Para velar por la calidad del Sistema Universitario Español es necesario establecer un mecanismo claro y sistemático de control de otros parámetros no mencionados en el reciente anuncio del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, encabezado por Diana Morant", concluye CCOO.

Por su parte, CSIF exige un incremento de la financiación destinada a las universidades públicas, después de que se endurezcan los requisitos para la creación de nuevas universidades.

CSIF recuerda que el sistema universitario español "está inmerso en una infrafinanciación endémica y que las universidades públicas han perdido un 20 por ciento de financiación en los últimos diez años". Además, según el último informe de la OCDE, el gasto total en España por estudiante universitario es un 21 por ciento inferior que en la UE.

El sindicato advierte de que "Gobierno y comunidades autónomas están enfrentadas porque evitan el compromiso de incremento presupuestario".

En concreto, detalla que "las comunidades autónomas le reclaman al Ejecutivo que aporte 4.000 millones de euros para llegar al 1 por ciento del PIB en 2030, como establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), mientras que el Gobierno considera que la financiación de las universidades públicas es una competencia autonómica".

En este sentido, CSIF considera que la solución pasa por un Pacto de Estado para alcanzar el 1 por ciento del PIB, y que resuelva qué administraciones (central o autonómicas) y en qué porcentaje aporta los fondos que garanticen la financiación suficiente que necesitan las universidades públicas para continuar prestando enseñanza superior e investigación de calidad.

CSIF también critica que el Gobierno "ha vuelto a retrasar la negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) con la excusa de la 'situación de prórroga de los Presupuestos'", obviando que la Ley Universitaria establece que, seis meses después de su entrada en vigor (la norma comenzó a aplicarse en abril de 2023), 'el Gobierno presentará al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del Estatuto de Personal Docente Investigador Universitario'.

"Es decir, el Estatuto lleva casi dos años de retraso, por lo que instamos al Gobierno a que se deje de excusas y muestre voluntad política para retomar cuanto antes las negociaciones, ya que la última se produjo hace más de 8 meses (en concreto el 24 de julio de 2024)", recalca.

Este Estatuto, según explica el sindicato, regulará aspectos fundamentales de 111.000 profesores e investigadores de universidades públicas, como sus funciones, dedicación, modelo salarial, movilidad, promoción interna y procesos de selección. También servirá para establecer una carrera profesional "clara y progresiva" que excluya la precariedad laboral y que promueva como fin último la calidad de la docencia y la investigación.