CSIF asegura que más de 49.000 profesores universitarios siguen "en la inestabilidad y precariedad laboral" con la LOSU

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en la conferencia 'Feminismo en Democracia', organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), a 24 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España)
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene en la conferencia 'Feminismo en Democracia', organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), a 24 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España) - Eduardo Manzana - Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: lunes, 13 abril 2026 14:45

   MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Más de 49.000 profesores universitarios (asociados, sustitutos, ayudantes, ayudantes doctores) siguen "sumidos en la inestabilidad y precariedad laboral con una temporalidad del 45,88 por ciento", según estimaciones de CSIF a partir del Boletín Estadístico de la Función Pública de enero de 2026 y tres años después de la entrada en vigor de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

   El sindicato tacha de "escandalosos" los datos del personal técnico de gestión y de administración y servicios. "Concluidos los procesos de estabilización de la Ley 20/2021, alcanza una temporalidad el 50,22 por ciento cuando la media en el resto de administraciones públicas no llega al 30 por ciento", ha manifestado.

   "En este escenario, ¿alguien ve factible que las universidades públicas lleguen en algún momento al 8 por ciento de temporalidad que fija la Ley?", ha planteado el sindicato.

   A su juicio, la LOSU no ha mejorado una carrera académica "trufada de incertidumbre e inestabilidad", sin regular los profesores sustitutos o el profesor permanente laboral, y que "ha potenciado la perniciosa doble vía paralela, funcionarial y laboral, que fomenta duplicidades y frena la movilidad, generando problemas de homologación e incrementando la precariedad, la discriminación y las desigualdades entre colectivos".

   CSIF ha destacado que la LOSU daba seis meses al Gobierno para que presentara un proyecto de ley del Estatuto del Personal Docente e Investigador. "Cerca de tres años después y con una negociación inexistente, no se vislumbra que esta norma llegue a cuajar", ha indicado.

   El sindicato considera que, según el informe CYD 2025, la LOSU tampoco ha rejuvenecido la plantilla del personal docente investigador PDI (media de 49,5 años) y "sigue mostrando un insuficiente y lento relevo generacional, y un estabilización tardía con una media de 40 años en los ayudantes doctores temporales, primer eslabón de la carrera académica".

NO EXISTE FINANCIACIÓN SUFICIENTE

   Asimismo, la organización ha asegurado que no existe financiación suficiente para las universidades. "No hace falta más que ver los problemas de infrafinanciación durante estos años de la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Málaga, la Universidad de Granada, la Universidad de Extremadura, la Universidad de La Coruña o la Universidad del País Vasco", ha detallado.

   Según CSIF, la financiación pública está por debajo de la media de la UE (14,5 por ciento) y de la OCDE (19,5 por ciento) en gasto total por estudiante universitario. "Resulta frustrante ver que ha aumentado el gasto público, pero sin alcanzar los niveles de financiación de 2009", ha subrayado, para después añadir: "seguimos sin un marco de financiación suficiente, equitativo y eficiente".

   Para CSIF, resultan "escandalosas" las diferencias en la financiación entre comunidades autónomas. El sindicato ha explicado que el mayor esfuerzo financiero público relativo se dio en Cantabria (41,2%) y en Valencia (38,1%), mientras que la menor ratio se dio en Madrid (16,3%) y en Cataluña (23,5%).

   CSIF incide en que la LOSU "no incrementó la participación de la sociedad en las universidades, renunció a superar la falta de transparencia y rendición de cuentas y disminuyó las competencias de los Consejos Sociales".

   Por otro lado, ha manifestado que la LOSU cedió la mayoría de las competencias de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en evaluación del profesorado a las agencias de evaluación autonómicas permitiendo que la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios la puedan hacer mediante convenio con ANECA las agencias de calidad autonómicas.

   "La ausencia de un marco común en las acreditaciones frente a una yuxtaposición de subsistemas heterogéneos está generando ya en las acreditaciones de PDI laboral evidentes problemas de equidad, movilidad, homologación, falta de criterios homogéneos y desiguales tasas de éxito", ha concluido.

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