El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, entrega el Informe anual 2025 de la institución a la presidenta del Congreso Francina Armengol, - Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha apreciado en las quejas tramitadas que los protocolos oficiales de actuación interna en los centros educativos ante situaciones de acoso escolar "no gozan de la plena confianza de las familias de los alumnos y que, en un elevado número de casos, han sido activados tras la reiterada petición de las familias".
Así lo ha reflejado la institución que dirige Ángel Gabilondo en su informe anual 2025, recogido por Europa Press, que se ha registado este martes en el Congreso y ha entregado a su presidenta, Francina Armengol.
El Defensor del Pueblo valora como positivo el esfuerzo que vienen realizando las administraciones educativas para abordar con la mayor rapidez y eficacia posibles todos los episodios relacionados con el maltrato entre iguales en centros educativos.
"No toda agresión puede ser considerada un caso de acoso escolar. Sin embargo, cualquier acto de violencia e intimidación es siempre reprobable y, cuando la víctima es un menor de edad, su especial vulnerabilidad y los efectos devastadores que puede tener en su desarrollo personal, con el suicidio como más extrema respuesta al sufrimiento, exigen que sea combatido con la mayor intensidad", señala en su informe.
En este sentido, la institución formuló un Recordatorio de deberes legales a la Consejería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia, para que recuerde a los centros educativos de su ámbito de gestión "el deber de aplicar los protocolos específicos de actuación ante casos de acoso escolar y violencia de género".
El objetivo es "garantizar una intervención inmediata, eficaz y coordinada en el ámbito escolar, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia".
El Defensor del Pueblo insiste en que para erradicar cualquier forma de violencia y discriminación en los centros educativos "se debe contar con los recursos necesarios para poder prevenir, identificar y actuar en estas situaciones".
En este sentido, pide dotar a la comunidad educativa de profesionales cualificados, reforzar las actividades de sensibilización con el alumnado para afianzar un buen clima de convivencia en las aulas y fomentar la participación de las familias de los alumnos.
La institución recuerda que las familias "deben ser informadas de la actuación del centro, preservando, en todo caso, el derecho a la protección de datos de carácter personal".