Defensor del Pueblo andaluz pide "más rigor" al sancionar los fraudes que se detecten en la escolarización del alumnado

Actualizado 29/07/2009 20:29:59 CET

Aboga por qué las Delegaciones Provinciales revisen las solicitudes presentadas en centros donde la oferta de plazas no fuese suficiente

SEVILLA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha pedido que se sancionen con "más rigor" los fraudes que la Administración educativa detecte en el proceso de escolarización del alumnado, ya que esta materia es una de las principales "fuentes de conflicto en el ámbito de la educación" y sobre la que la institución recibe un "mayor número de quejas".

De este modo, según destaca Chamizo en su informe anual, consultado por Europa Press, para garantizar con más eficacia el derecho de los padres a la libre elección de centro es "imprescindible" que la Administración educativa andaluza asuma con "mayor firmeza su obligación de prevenir, evitar y perseguir la comisión de prácticas fraudulentas en los procesos de escolarización", con la pérdida de "todos los derechos de prioridad que hubieran podido corresponderles".

Según el Defensor, la principal consecuencia que se recoge en la normativa para quien cometa fraude y se detecte es la adopción de "las medidas que sean oportunas para garantizar la adecuada escolarización del alumnado", una disposición "imprecisa en tanto no se determinan con claridad cómo afectan a la baremación de las solicitudes cuyo fraude es detectado".

De hecho, advierte Chamizo, en la práctica "no hemos visto una consecuencia sancionadora clara y evidente --y en cierto modo ejemplarizante--, ante los casos de incumplimiento y fraudes detectados", lo que supone una "gran incertidumbre e inseguridad jurídica".

En esta línea, critica que, actualmente en Andalucía la comisión de fraudes o irregularidades en un proceso de escolarización "no comporta perjuicios notorios para el infractor, ya que en los casos en que se detecte que se ha cometido alguna irregularidad o fraude por parte de algún solicitante, la única consecuencia para éste sería la pérdida de los puntos que le hubieran sido adjudicados ilegítimamente".

Así, propone que la normativa reguladora de la admisión de alumnos en centros docentes debería de haber incluido un precepto similar al recogido en el procedimiento de admisión en centros de atención socio-educativa para niños de 0 a 3 años, la cual, establece que la falsedad de lo datos declarados o la documentación aportada conllevará la exclusión de la solicitud, sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades de otro orden en que se hubiera podido incurrir".

Además, cree que debería de producirse una "sanción importante" igualmente en el caso de presentación duplicada de solicitudes en más de un centro docente en contra de lo legalmente estipulado.

Así, a pesar de que entiende lo "impopular" de estas medidas, afirma que son "necesarias si queremos acabar de verdad con esa sensación de impunidad que desde hace ya mucho tiempo hace creer a las personas solicitantes que les compensa llevar a cabo prácticas fraudulentas en los procesos de escolarización".

Igualmente estima que en los casos en los que el fraude o irregularidad suponga la comisión de un delito o falta perseguible penalmente, debería ponerse inmediatamente en conocimiento del Ministerio Fiscal.

Por otro lado, abogó porque las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación revisen de oficio todas las solicitudes presentadas en centros donde la oferta de plazas no fuese suficiente para atender la demanda, e investigar aquellas en que aparezcan indicios de posible irregularidad. Así, sugiere que esta labor la podrían realizar las Comisiones de Escolarización, posibilidad contemplada en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación.

COLABORACIÓN DE LA POLICÍA AUTONÓMICA Y LOCAL

Chamizo indica que para que la labor de estas comisiones sea eficaz, es necesario que se las dote de medios para poder investigar con rigor y en profundidad los supuestos en los que se deduzcan indicios suficientes de fraudes. Así, destaca que el criterio de proximidad del domicilio, es "con diferencia y a través del tiempo, el que más fraudes origina", ya que es el criterio de baremación que más puntos otorga a los solicitantes.

Según recuerda, la mayor parte de estos fraudes se concretan en el empadronamiento de la familia en un domicilio que no es su residencia habitual, casos "difíciles de detectar", ya que los certificados de empadronamiento aportados por los solicitantes de plaza son un documento oficial expedido por los Ayuntamientos, e igualmente "presenta problemas" la supervisión la veracidad del domicilio laboral, dada la variedad de documentación que permite su acreditación, por lo que la solución puede pasar por la "utilización de un modo más eficaz y ágil de las líneas de investigación y auxilio de la Policía Autonómica y Local".