Archivo - Una chica repasa los apuntes - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo
MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las universidades privadas repiten los resultados globales de transparencia del pasado año: solo seis universidades (15 %) son consideradas transparentes por la Fundación Haz, confirmando "un estancamiento en los niveles de rendición de cuentas del sector privado".
Así lo subraya el decimotercer 'Examen de transparencia 2026. Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades privadas españolas', que sitúa a la mayoría de los centros (22 - 55%) como opacos, y 12 (30%) como translúcidos. Unos resultados globales que reflejan un cumplimiento medio de apenas el 59%.
Este informe no evalúa la calidad académica, la solvencia económica ni la eficacia de la gestión de cada universidad, pero advierte de que la falta de información "impide a los grupos de interés valorar con fundamento el desempeño de las instituciones".
Las seis universidades que logran la máxima calificación son la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), ESIC, la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universidad de Navarra, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universidad de Vic-Central de Catalunya (UVic-UCC).
Atendiendo a la gobernanza de las universidades privadas, el informe determina que el 90% publica sus estatutos, el 65% de los centros dispone de código ético, un 40% identifica adecuadamente al responsable o unidad de cumplimiento y un 50% cuenta con un canal ético. Sin embargo -recuerda el informe- estos documentos "deben ir acompañados de información sobre quién supervisa su aplicación y sobre los procedimientos disponibles para comunicar posibles irregularidades".
Y es que, aunque las 40 universidades identifican a los integrantes de sus órganos, solo el 45% ofrece información suficiente sobre su titularidad real y apenas nueve (23%) publican las actas o acuerdos adoptados.
Otra cuestión fundamental para saber cómo se gobierna y se toman las decisiones en las universidades es conocer quién es el titular del centro. Aquí es donde el análisis encuentra importantes diferencias en los niveles de transparencia.
Las universidades cuyo titular es una fundación son las que mejores niveles de cumplimiento presentan (67%), seguidas de las vinculadas a la Iglesia (61%) y las cooperativas (55%). En el extremo opuesto se sitúan las universidades regentadas por sociedades mercantiles (49%). De las 15 universidades mercantiles analizadas, ninguna alcanza la categoría de transparente y 11 son opacas.
El informe advierte de que "la falta de identificación de la titularidad real y de las políticas retributivas dificulta la supervisión de posibles conflictos de interés, un riesgo especialmente crítico en aquellas universidades donde intervienen grupos empresariales o fondos de inversión, donde los objetivos de rentabilidad podrían colisionar con la misión académica".
El estudio añade que la información económica "continúa siendo la principal debilidad del sector". En este sentido, concluye que la publicación de documentos financieros "es residual" y, además, disminuye en esta edición: solo seis universidades (15%) publican su presupuesto, nueve (23%) sus estados financieros, cinco (13%) la memoria de cuentas anuales y seis (15%) la auditoría externa. Únicamente tres instituciones (UIC, UOC y UVic-UCC) cumplen plenamente los cuatro indicadores económicos.
"La escasa publicación de estos documentos limita la posibilidad de conocer la situación patrimonial de las universidades, sus fuentes de financiación, el destino de sus recursos y la sostenibilidad de sus proyectos", subraya el informe.
Como principal novedad, esta edición ha endurecido el indicador de empleabilidad, exigiendo a las universidades publicar anualmente el porcentaje de titulados que trabajan en España a los doce meses de graduarse, respaldado con datos precisos (tamaño de muestra, tasa de respuesta, etc.).
Ante estos nuevos requisitos de verificación, ninguna universidad española ha logrado el cumplimiento pleno: 14 cumplen parcialmente y 26 no cumplen, lo que "supone un retroceso, no en los niveles de empleabilidad -que el informe no evalúa-, sino en el grado de transparencia".
