Inspectores de Educación piden al Gobierno que haga público el informe de los libros de texto en Cataluña

Estudiantes en un aula
EUROPA PRESS
Publicado 18/09/2018 14:47:59CET

   MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El presidente nacional de la Unión Sindical de Inspectores de Educación de Cataluña (USIE), Jesús Marrodán, considera que el Ministerio de Educación y Formación Profesional debe hacer público el informe encargado a la Alta Inspección educativa sobre el contenido de los libros de texto en Cataluña porque se trata de un documento sufragado con fondos públicos: "Ocultar solo genera malestar y crispación".

   En declaraciones a Europa Press, Marrodán ha criticado la que este "supuesto" documento permanezca en un cajón por decisión del exministro Íñigo Méndez de Vigo y la actual titular, Isabel Celaá. También defiende que si la ministra considera que el informe está incompleto, "debe establecer un plazo para terminarlo" y entregárselo a quienes lo soliciten.

   "Las familias, asociaciones y los partidos políticos que han denunciado adoctrinamiento político en las aulas y en los libros en Cataluña tienen derecho a conocer este documento oficial", ha insistido el presidente de esta organización.

   Asimismo, ha explicado que quienes forman parte de la Alta Inspección no son inspectores de carrera, sino funcionarios docentes por comisión de servicios especiales en su comunidad, que dependen de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Asimismo, ha señalado que "lo habitual" es que, cuando cambia el Ejecutivo, sean sustituidos.

   "La educación tiene que estar al margen de la batalla y cambio político. Estos puestos en la Alta Inspección deben cubrirlos inspectores de carrera por concurso de traslados", ha indicado Marrodán, que ha añadido que los miembros de la Alta inspección no tienen capacidad jurídica para entrar en las aulas como sí tienen los inspectores de carrera.

   Según explica, sus funciones se limitan a analizar las titulaciones para su homologación o vigilar que la normativa autonómica se ajusta a las competencias de la comunidad autónoma, a la ley básica del Estado y a los principios constitucionales, o verificar la adecuada concesión de becas y subvenciones, tal y como se establece en los artículos 149 y 150 de la LOMCE.