MADRID.-AMPL.- La Comunidad de Madrid aprueba la Ley de autoridad que se aplicará a la escuela pública y concertada

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó hoy remitir a la Asamblea el proyecto de Ley de autoridad del profesor que se aplicará únicamente a los docentes que trabajen en la escuela pública y concertada, dejando excluidos a los de la privada, que en su mayoría manejan sus propias normas.

Así lo anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, después de adelantar la creación del este texto en septiembre durante el Debate del Estado de la Región. Ahora será el Consejo Escolar el que tendrá que darle el visto bueno y, con posterioridad, volverá al Consejo de Gobierno que la aprobará definitivamente y la remitirá a la Asamblea para su debate.

Desde que se conoció esta medida, los colectivos educativos la vieron con buenos ojos, aunque recordaron que el concepto de autoridad ya estaba reconocido en otras normativas, por lo que reclamaron fomentar otro tipo de iniciativas para que los docentes recuperasen el papel que tenía antes en las aulas.

El anteproyecto de Ley tiene varias características, según explicó Aguirre, entre las que destacan dar presunción de veracidad a la declaración de los profesores en aquellos conflictos que tengan lugar dentro del centro educativo o en actividades extraescolares referidas al ámbito de la educación.

También ampara a los profesores de los centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) y además confiere potestad a todos los docentes del centro para adoptar medidas cautelares provisionales de modo que se pueda tomar medida cautelar de expulsión a alumnos o padres que hayan atacado a la autoridad del profesor o contravenidos las normas de convivencia del centro.

En este punto, la consejera de Educación, Lucía Figar, explicó que hasta el momento el director era el único que podía establecer medidas cautelares cuando se encontraba en una situación de estas características, según se establecía en el Decreto de Convivencia aprobado por el Gobierno regional. Ahora con esta nueva ley, se extiende a todos los docentes aunque seguirá siendo el director el único que determine la expulsión (la falta más grave).

La adopción de las medidas cautelares que establezcan los profesores o el director será comunicada a los padres o representantes legales de los alumnos y podrán ser revocadas o modificadas por el director del centro.

Aguirre explicó que la ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y la fecha que se baraja es que sea a principios del mes de marzo del año que viene, pues el periodo de sesiones actual terminará con la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2010 y habrá que dejarlo para el que comienza después de las vacaciones de Navidad. Además, posteriormente, se procederá al debate en el Parlamento madrileño por todos los Grupos con representación, siempre previo a su aprobación definitiva.

67.000 DOCENTES BENEFICIADOS

La nueva ley afectará a cerca de 67.000 docentes, de los cuales 50.000 son de la pública y unos 17.000 de la concertada. No obstante, los profesores de los centros privados están también recogidos de cierta manera según una disposición adicional en la que se explica que estos podrán organizar la convivencia, la disciplina y el funcionamiento con arreglo de sus propias normas pero sin contravenir las normas generales.

"Los centros privados tendrán autonomía para establecer sus normas de organización y funcionamiento y sus normas de convivencia y disciplina en el marco de la normativa vigente", reza dicha disposición de la norma, que ha incluido finalmente a los concertados teniendo en cuenta que "ya existe en el Decreto de Convivencia de la Comunidad Valenciana, que ha pasado todos los visos jurídicos nunca ha sido recurrido", apuntó Figar.

Es decir, el Ejecutivo madrileño ha decidido dar el paso e incluir a los concertados, que también están sostenidos con fondos públicos --cuando su idea inicial era sólo dirigirse a los públicos por el mero hecho de competencias-- después de comprobar que ya existe una norma autonómica, la valenciana, que lo recoge y que ha pasado todos los controles.

Para reforzar la autoridad del docente, Aguirre quiere que la administración educativa adopte, a través de la nueva normativa, las medidas oportunas que garanticen la adecuada protección y asistencia jurídica de los profesores, así como la cobertura de su responsabilidad civil en relación con los hechos que se derivan de su ejercicio profesional, tanto dentro como fuera del centro educativo.

Asimismo, la futura Ley establece que los centros podrán recabar de los padres o representantes legales la información y colaboración necesaria respecto a las circunstancias personales, familiares o sociales de los alumnos para facilitar la aplicación de las normas que garanticen la convivencia escolar, siempre que el derecho a la intimidad y otros derechos constitucionales lo permitan.

Esta ley, como explicaron desde el Gobierno regional, recoge también la obligación de cada centro educativo de elaborar su propia normativa de convivencia y de aplicar las medidas disciplinarias que se deriven del incumplimiento de dichas normas, en los términos que establece el Decreto de Convivencia Escolar de la Comunidad de Madrid.

Así, serán sancionables no sólo las conductas contrarias a la convivencia que tengan lugar en el recinto escolar sino también aquellas que se produzcan durante la realización de actividades extraescolares o la prestación de los servicios de comedor y transporte escolar. También podrán ser sancionadas aquellas conductas que, aunque llevadas a cabo fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a algún miembro de la comunidad educativa.

El anteproyecto aprobado hoy obliga también a los alumnos a reparar los daños que causen, de forma intencionada o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación.

Asimismo, tendrán que restituir, en su caso, lo sustraído. Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en estos casos. Del mismo modo, cuando los alumnos incurran en conductas tipificadas como agresión física o moral a los profesores, los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, deberán reparar el daño moral causado.

NO ENTRA EN MATERIA PENAL

Pese a las críticas iniciales de la oposición y del propio Ministerio de Educación, la Comunidad de Madrid se ha asegurado de que esta nueva ley no entre en materia penal, una competencia de las Cortes Generales, y se limita a desarrollar exclusivamente la Ley Orgánica de Educación (LOE), que en su artículo 104.1 señala que "las administraciones educativas deben velar para que el profesorado reciba el trato, el respeto y la consideración acordes con la importancia social de la tarea que tiene encomendada".

La presidenta de la Comunidad señaló que el Gobierno de la Comunidad "entiende que para que el clima en los centros educativos favorezca el aprendizaje y la transmisión de conocimientos y valores en que consiste la educación, es imprescindible que toda la sociedad madrileña respalde la autoridad de los profesores".

En conclusión, añadió Aguirre, para evitar que los profesores no estén protegidos ante casos de estas características, con esta ley "se trata que el profesor tenga un respaldo a su autoridad y que este respaldo se traduzca en presunción de veracidad sobre los hechos ocurridos en el centro".