La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Ricardo Rubio - Europa Press
MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley por la que se modifica la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Esta proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, introduce una disposición derogativa relativa al real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades.
El PP considera que, con el real decreto 'antichiringuitos' universitarios, el Gobierno se ha "extralimitado en la regulación de una materia que precisa rango de ley".
También advierte de que genera "inseguridad jurídica", se ha aprobado "sin consenso" y regula unos criterios que "atentan a la calidad del sistema universitario, todo ello de conformidad entre otros informes, con lo señalado por el Consejo de Estado en su Dictamen".
Por otro lado, la proposición de ley del PP recoge que, siendo el objetivo de asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a las prácticas curriculares compartido por todos los grupos parlamentarios, la redacción propuesta en la LOSU "no tiene en cuenta ni la realidad diversa del sistema universitario español ni las dificultades estructurales que afrontan muchas universidades -especialmente las situadas en provincias con menor tejido empresarial- para garantizar la oferta de prácticas necesarias para sus titulaciones".
En la exposición de motivos, el texto destaca que, en numerosos territorios, la escasez de empresas y entidades receptoras "limita de forma objetiva la disponibilidad de plazas de prácticas, lo que obliga a las universidades a desarrollar fórmulas de colaboración que a menudo requieren apoyo financiero o logístico por parte de las propias instituciones universitarias".
En este punto, advierte de que el problema se agrava particularmente en el ámbito de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, donde la firma de convenios con hospitales y centros sanitarios "resulta imprescindible para la formación clínica del alumnado".
"La prohibición absoluta de cualquier tipo de aportación económica o material vinculada a esas prácticas puede poner en riesgo la continuidad de convenios ya existentes, dificultar la apertura de nuevos y reducir la oferta de plazas, en un contexto nacional marcado por la escasez de profesionales médicos y la necesidad urgente de reforzar la formación universitaria sanitaria", señala el PP.
Por todo ello, la ley registrada por el PP propone mantener el principio de gratuidad e igualdad en el acceso a las prácticas curriculares, pero "sin imponer restricciones que perjudiquen la viabilidad de los convenios, especialmente en territorios o sectores donde la colaboración público-privada resulta esencial".