Presentan enmiendas a la LOMCE para garantizar la libre elección de la lengua

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis asociaciones han presentado este miércoles en el Ministerio de Educación un documento con una serie de enmiendas al anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) con el fin de conseguir que se garantice la libertad de elección del idioma porque, a su juicio, el borrador actual "da preferencia de trato en la educación en la lengua cooficial distinta del castellano".

En un escrito dirigido al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, afirman que la última versión del anteproyecto, del pasado febrero, es "claramente insuficiente" porque "no garantiza los derechos lingüísticos de los alumnos" y da "preferencia de trato" a la educación en la lengua cooficial distinta del castellano y "relega a una situación secundaria a los miembros de las comunidades lingüísticas castellanohablantes" en los territorios donde hay dos lenguas cooficiales.

La Fundación Nacional Círculo Balear, Galicia Bilingüe, el Círculo Cívico Valenciano, la Plataforma por la Libertad de Elección de Lengua (del País Vasco) y las catalanas Impulso Ciudadano y Asociación por la Tolerancia, cuyos representantes han mantenido un encuentro con el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, Alfonso González, han solicitado una reunión con Wert para explicarle en persona sus inquietudes y la problemática que denuncian.

En su opinión, el anteproyecto de ley es "incompatible" con la doctrina del Tribunal Constitucional, que ha declarado constitucional tanto el sistema de libre elección de lengua vehicular como el de conjunción lingüística (la presencia de ambas lenguas como vehiculares), pero no ha avalado un sistema de enseñanza exclusivamente en la lengua autonómica si no se ofrece paralelamente la posibilidad de hacerlo exclusivamente en castellano.

Las asociaciones consideran que las dos opciones que prevé el texto redactado por el Gobierno --recibir todas las materias no lingüísticas en la lengua oficial diferente del castellano para los alumnos cuyos padres así lo deseen o bien que se usen como vehiculares los dos idiomas oficiales, aunque ese reparto quedaría a criterio de lo que decida cada comunidad autónoma-- se traducen en que habrá que elegir entre "estudiar todo en la lengua autonómica o estudiar casi todo en la lengua autonómica".

REFORZAR LA ALTA INSPECCIÓN DEL ESTADO

Tras lamentar que "no se garantice la posibilidad de que los alumnos sean educados en español", han recordado que es competencia del Ejecutivo central asegurar a todos los ciudadanos la enseñanza en la lengua común. Lo que proponen es "un sistema de tres vías" en el que se garantice el cumplimiento de la ley a través de "un reforzamiento de la Alta Inspección del Estado".

Marita Rodríguez, de la Asociación por la Tolerancia, ha dicho que el Estado no debe dejar la aplicación del bilingüismo en manos de las comunidades autónomas y ha expresado su temor de que, en la práctica, la presencia del castellano en los centros educativos no sea "real" debido a la falta de "garantías" para la comunidad lingüística castellana.

Por su parte, José Domingo, de Impulso Ciudadano, ha calificado de "inconstitucional" el modelo que plantea Wert y le ha reclamado que no ceda ante las "presiones" de las comunidades autónomas.

Según Jorge Campos, de la Fundación Círculo Balear, España "no tiene futuro" si se deja la educación en manos de las comunidades autónomas, gobernadas por "nacionalistas", porque lo que está ocurriendo en la práctica es una "imposición" del catalán, el gallego o el euskera.

Sin embargo, ante lo que ha descrito como un "problema nacional" porque afecta "al futuro del país", Campos considera que el Estado tiene "mecanismos suficientes" para garantizar los derechos lingüísticos de todos los españoles sin necesidad de realizar un traspaso de competencias.

Las organizaciones también abogan por que los centros educativos no sean "instrumentos para el adoctrinamiento que a menudo se produce con el pretexto de 'normalizar' el uso" del catalán, el euskera y el gallego. A su entender, es "imprescindible" que las administraciones públicas "velen por la necesaria neutralidad política e ideológica en la educación".

En el documento que han presentado al Ministerio, detallan varios casos de los que tienen constancia y que demuestran, según aseguran, ese "adoctrinamiento".

Citan como ejemplos el intento de transmitir a los alumnos la idea de que "solo una de las dos lenguas oficiales es la verdadera lengua de los miembros de la comunidad", la defensa "sectaria" por parte de profesores de una determinada posición política e ideológica, el reparto de "material propagandístico sectario" o la incitación a la participación de los alumnos en actos de protesta que en algunos casos suponen también una incitación al odio o la discriminación.

En opinión de Gloria Lago, de Galicia Bilingüe, el Gobierno de Mariano Rajoy "siempre se pone del lado de los adoctrinadores" y, por ello, en regiones gobernadas por el PP, como Galicia, "el problema tampoco se ha solucionado".

Es precisamente esa postura del Ejecutivo ante las "presiones" de los nacionalistas la que explica, a su juicio, el que los sucesivos borradores de la LOMCE hayan ido "empeorando". Lo que se ha producido, según Campos, es "una dejación de funciones del Estado por un tema estrictamente político".

ANTEPONER LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS

Por todo ello, piden que "no se desperdicie la oportunidad que se abre" con la LOMCE de conseguir que el sistema educativo español se base en el respeto de los derechos lingüísticos de los alumnos, como ocurre en otros Estados democráticos con más de un idioma cooficial.

El objetivo de estas seis asociaciones es "dar voz" a las personas que anteponen los derechos de los alumnos a los intereses de "grupos nacionalistas y sectores económicos que se benefician de la llamada normalización lingüística", los cuales han actuado "con éxito" como "grupos de presión" ante los distintos gobiernos de España.

No obstante, tanto Domingo como Rodríguez han subrayado que están "claramente a favor" de que se enseñe también a los alumnos en los idiomas cooficiales distintos del castellano.

Las organizaciones también van a presentar sus propuestas a los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado y al Consejo Escolar del Estado, además de iniciar una campaña para concienciar a los ciudadanos y de recabar el apoyo de movimientos y organizaciones de la sociedad civil.