AMP.- La juez desestima recursos de la Junta, Ministerio Fiscal y procesados por el incendio de Guadalajara

Actualizado: viernes, 19 febrero 2010 13:05

Argumenta que no hay un solo dato que evidencie la "irrazonabilidad, arbitrariedad o capricho" del auto de procesamiento

GUADALAJARA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La juez del juzgado de instrucción número uno de Sigüenza, María del Mar Lorenzo, ha emitido dos autos en los que desestima, por un lado, los recursos planteados por los 20 imputados y el Ministerio fiscal contra el auto de procesamiento en la causa por el incendio de Guadalajara y, por otro, el de la Junta y el Ayuntamiento de La Riba de Saelices, contra el auto de sobreseimiento de cinco de los excursionistas que participaron en la barbacoa que provocó el fuego, y que no fueron imputados.

Mediante estos dos autos, a los que ha tenido acceso Europa Press y ambos con fecha de 17 de febrero, la jueza mantiene por tanto los 20 imputados señalados en el auto de procesamiento que dictó el pasado 13 de enero después de que el procedimiento pasara de abreviado a sumario, y entre los que se encuentran ex altos cargos y técnicos del Gobierno de Castilla-La Mancha, así como tres de los excursionistas que participaron en la barbacoa que originó el fuego. La jueza imputa a todos ellos un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

En el caso de los presentados por la representación legal de los imputados, que en total suman 43 escritos entre recursos de reforma y subsidiarios de apelación, la jueza los rechaza porque sigue apreciando los mismos indicios de delito que ratificó en el auto del pasado mes de enero.

Entre los razonamientos jurídicos que María del Mar Lorenzo expone en este primer auto se encuentra el hecho de que ninguna de las alegaciones contenidas en el escrito aporte dato alguno que no hubiera sido tomado en consideración en el momento de dictar la resolución recurrida.

Así, por lo que respecta al recurso del Ministerio Fiscal, la jueza defiende el auto de procesamiento que dictó en el mes de enero, porque supone el ejercicio de la potestad jurisdiccional, pues a los tribunales penales, argumenta, corresponde apreciar si existe algún indicio racional de criminalidad determinante, "apreciación que descansa necesariamente sobre una ponderación de los hechos y circunstancias concurrentes que no puede trasladarse al ámbito constitucional".

Igualmente, establece que el Ministerio Fiscal, a pesar de considerar "genérico" el auto de procesamiento de los 20 imputados, "en su recurso no concreta ni un solo dato individualizado en el que permita basar los errores que atribuye a la resolución, ni que evidencie la irrazonabilidad, arbitrariedad o capricho de la misma".

PLAN DE EMERGENCIAS

Por lo que respecta a la alegación a que la existencia de un Plan de Emergencias --uno de los elementos que se mencionan para la imputación de varios procesados-- no supone un indicio contra nadie, la jueza se muestra de acuerdo, "toda vez que los indicios se desprenden, y así se refleja en el auto, no de la existencia de la norma sino de su reiterado incumplimiento".

En su respuesta a otros recursos, la instructora argumenta también que el delito de incendio forestal por imprudencia grave "no ha de circunscribirse exclusivamente a la acción de prender fuego", sino que por el contrario, "en el mencionado tipo pueden ser englobados otra clase de comportamientos activos u omisivos que determinan de igual manera la existencia de responsabilidad penal".

Y concretamente, en cuanto al recurso interpuesto contra el procesamiento de la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo, la jueza muestra su sorpresa por el argumento utilizado por el letrado de la Junta, afirmando que, aplicando la máxima interpretativa contenida en el auto recurrido, "cada vez que en nuestro país se comete un homicidio, el titular del Ministerio que tiene las competencias en materia de seguridad pública, debería ser procesado como autor de un homicidio imprudente".

Según la instructora, esta afirmación "no es solo contraria a la lógica jurídica sino que parece amparar el incumplimiento de las obligaciones que, en este caso concreto, la señora Arévalo ostentaba en su condición" de consejera, y "que dieron lugar al presente procedimiento".

Contra la desestimación de estos recursos cabe recurso de apelación ante la Audiencia provincial de Guadalajara en el plazo de cinco días desde su notificación.

En cuanto a la apelación de la representación de la Junta contra el auto de sobreseimiento, considera que "no existen indicios suficientes" para la imputación de los cinco excursionistas cuya causa fue sobreseída, y ello porque "no se desprenden indicios para atribuir a sus conductas la concurrencia de la imprudencia penal requerida para la comisión de los delitos objeto del presente procedimiento, y caracterizada por un elemento psicológico que afecta a la facultad y poder humanos de previsión y que se traduce en la posibilidad de conocer y evitar el evento dañoso".

IMPUTADOS

Entre los procesados en el auto recurrido y que la jueza ha ratificado hoy, se encuentran la ex consejera de Medio Ambiente, Rosario Arévalo; el ex director general de Política Forestal, José Ignacio Nicolás; el ex delegado de Medio Ambiente en Guadalajara, Sergio David González; o el alcalde de La Riba de Saelices, José Luis Samper. También se encuentran el presunto autor de la barbacoa Marcelino Herce, y los que se supuestamente se encontraban vigilándola, Juan José Jiménez e Iasson Klados.

A los delitos de incendio forestal por imprudencia grave, se añaden otros de homicidio por imprudencia profesional y contra los derechos de los trabajadores en el caso de Carlos Damián Muñoz, técnico del teléfono de emergencias 112; Antonio Solís, jefe de coordinación provincial de incendios; así como Miguel Genaro Aguilar, Antonio Pallarés, José María Gaitán, Ángel Millán, y Alfredo Luis Chavarría, todos ellos técnicos de la Junta.

En el caso de Luis Miguel Carrascal, representante de la empresa Tragsa en Guadalajara, se imputa un presunto delito de incendio forestal y contra los derechos de los trabajadores, pero no el de homicidio por imprudencia profesional.

El resto de imputados son el secretario del Ayuntamiento de La Riba de Saelices, José Luis Huarte; el ex alcalde de este municipio, Hipólito Sebastián Ballesteros; el responsable de una empresa de extinción de incendios, Joaquín Baumela; el responsable de Helisureste, Luis Miñano; y el que era responsable del Parque Natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz López.