Árboles - COORDINADORA ECOLOGISTA
BRUSELAS, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha cuestionado este jueves el impacto real de los proyectos estratégicos del programa LIFE, con el que Bruselas impulsa la transición ecológica del continente, al considerar que "no está claro" hasta qué punto estas iniciativas financiadas por la UE contribuyan a los objetivos medioambientales y climáticos que persiguen.
El informe publicado este jueves y elaborado a partir del análisis de 22 de los 95 proyectos puestos en marcha hasta abril de 2025, concluye que las iniciativas no siempre priorizan las necesidades más urgentes de los Estados miembros y que, pese a movilizar financiación adicional, no existe una metodología clara para medirla ni un control suficiente por parte de la Comisión Europea, lo que impide evaluar su contribución real.
Entre los expedientes revisados se incluyen cuatro proyectos estratégicos ejecutados en España, país que también fue uno de los tres Estados miembro visitados por los auditores durante el trabajo de campo, junto con Polonia y Finlandia.
Los auditores señalan que algunos proyectos abordaron problemas relevantes, pero no necesariamente los más prioritarios en materia de clima y medio ambiente, lo que limita su impacto en los territorios implicados. A ello, dicen, se suma la falta de mecanismos eficaces para compartir resultados, pese a que estos planes pretenden generar modelos replicables y lecciones útiles para otros países y regiones.
El seguimiento de los proyectos es otro de los puntos débiles detectados, ya que, según el Tribunal, las herramientas de control son inconsistentes y no permiten evaluar con precisión si las iniciativas logran cambios sostenibles en la gobernanza, la gestión ambiental o la participación de los actores implicados.
"Los proyectos estratégicos LIFE ayudan a las partes interesadas a cooperar y atraer financiación adicional", ha afirmado Joëlle Elvinger, miembro del Tribunal responsable de la auditoría, en un comunicado.
Sin embargo, ha añadido, "persisten las insuficiencias en la priorización de las necesidades, el seguimiento de los avances y la puesta en común de los resultados".
El Tribunal insta a la Comisión Europea a alinear mejor los proyectos con las necesidades concretas de cada Estado miembro, proporcionar orientaciones claras para medir la financiación adicional movilizada y reforzar las plataformas de intercambio de buenas prácticas. También recomienda implicar más a las autoridades responsables de las estrategias ambientales nacionales para garantizar la durabilidad del impacto.