Pide la suspensión de Marismas Occidental y propuestas alternativas de emplazamiento ante las "dudas" del IGME
MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha pedido al Gobierno que evalúe de forma conjunta el impacto de los cuatro proyectos para inyectar y almacenar gas en Doñana y sugiere que se suspenda el proyecto Marismas Occidental hasta que no se termine la citada evaluación ambiental conjunta.
En un escrito, el Defensor solicita al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que se aclare la situación del proyecto Marismas Oriental y el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcazar y sugiere que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas.
Así, el departamento que dirige Francisco Fernández Marugán considera que la información del Instituto Geológico y Minero de España genera "dudas" sobre la idoneidad del emplazamiento de los proyectos y de las evaluaciones ambientales realizadas.
La petición de evaluación conjunta afecta a los cuatro proyectos: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcazar, donde se prevé explotación y almacenamiento de gas en el entorno de Doñana.
En definitiva, el Defensor quiere que se valoren "distintas alternativas" de almacenamiento de gas y garantizar "con un grado de certeza acorde" con su "importante relevancia ecológica", que el espacio no se verá "negativamente afectado" por la inyección y almacenamiento de gas. También quiere garantías para que los riesgos sísmicos se reduzcan "al mínimo posible".
Por otro lado, el Defensor se ha dirigido también al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para que suspenda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro proyectos.
La institución pidió información adicional al IGME en el mes de julio y realiza estas sugerencias después de haber analizado los datos remitidos por el instituto geológico y recuerda que en 2013 ya advirtió sobre la "insuficiencia de la evaluación ambiental de los cuatro proyectos por separado".
Ahora, el Defensor explica que ha retomado sus actuaciones tras recibir una queja de Greenpeace y una solicitud del Defensor del Pueblo Andaluz.
CONCLUSIONES DEL IGME
El documento del IGME plantea "dudas" sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados y concluye que las evaluaciones individuales de los cuatro proyectos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero.
Por ello, el Defensor estima que el hecho de que no exista una correcta evaluación ambiental que ofrezca resultados concluyentes sobre la seguridad de los proyectos y las insuficiencias advertidas por el IGME, impiden asegurar razonablemente que no se producirán efectos derivados de los proyectos que afecten negativamente a este espacio.
Finalmente, ha solicitado al departamento que dirige Álvaro Nadal que aclare el actual estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcazar y la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su autorización la Junta de Andalucía.
