MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado quiere "involucrar a todos los niveles administrativos" en la lucha contra el veneno, los plaguicidas y los productos fitosanitarios prohibidos pero que se encuentran "habitualmente" en el campo.
Así, la Fiscalía General del Estado denuncia que los especialistas de Medio Ambiente tienen como "realidad constatada" que en el campo español se utilizan sustancias fitosanitarias y/o plaguicidas prohibidos y que estos se encuentran "habitualmente" en pequeñas cantidades en cebos envenenados.
Ante esta situación, la fiscalía de sala de Medio Ambiente mantiene contactos con los responsables de la Estrategia Nacional en lucha contra el veneno para involucrar "a todos los niveles administrativos con responsabilidad" para gestionar un "plan común de reacción" frente a este problema que califica de "auténtica lacra para la flora y fauna en general y para la protegida en particular".
Así consta en la Memoria de la Fiscalía de 2015, presentada este martes con motivo de la apertura del año judicial en la que la Unidad o fiscalía de sala de Medio Ambiente y Urbanismo considera que estos cebos con sustancias prohibidas son elaborados "por distintos sectores de actividades vinculadas al campo, con la peligrosa repercusión que ello supone tanto para la fauna en general como para aquella que tiene una protección especial".
Además, entre sus conclusiones, los fiscales entienden que "se puede presumir" que las vías de adquisición de estos productos no son las habituales. De hecho, enlaza su uso con el sector ganadero o con el cinegético, que los emplean para dar muerte a los depredadores y también al sector agrícola, aunque "en menor medida", para terminar con algunas plagas.
La Fiscalía admite que "casi la totalidad" de las comunidades autónomas cuentan con planes estratégicos en la Lucha contra el veneno, pero a pesar de ello, cree que "la erradicación del uso de estas sustancias parece todavía lejana".
Sin embargo, recuerda que el uso del veneno es un delito "expresamente sancionado" en el artículo 336 del Código Penal para la caza y en concreto ha analizado las sustancias del aldicarb, el carbofurano y la estricnina.
En general, destaca que "todo" el comercio de las sustancias tóxicas y peligrosas se controla con "numerosa normativa" de la UE y nacional que impone "requisitos estrictos" para su comercialización pero reconoce que "lo cierto es que no existe un control efectivo sobre el uso real que pueda darle el usuario o consumidor final".
AGUJEROS LEGALES
Por otro lado, apunta a que estas sustancias prohibidas no excluye "la posibilidad hipotética" de otros usos y el hecho de que la fabricación y comercialización menor a una tonelada "no está obligada a ser registrada", a lo que se suma que "es factible su venta en pequeñas cantidades con fines de investigación".
En todo caso, insiste en que como estas sustancias están prohibidas también el normativa europea, que está transpuesta al ordenamiento español, "deberían haber sido retiradas del mercado" porque son "responsable" de la no utilización y retirada "todos los eslabones de la red comercial".
Precisamente, la retirada del mercado también está regulada y desde el Ministerio de Agricultura se revocó individualmente a cada empresa la autorización para fabricación y comercialización de estos productos y se fijaron fechas límite para su venta y para eliminar las existencias de los distribuidores así como su uso por los agricultores.
La Fiscalía considera que las empresas acreditaron el cumplimiento estricto de plazos para su comercialización y que los productores no recibieron devoluciones, se entendió que tras un margen de tiempo razonable se habría consumido todo el producto y quienes recibieron devoluciones, las entregaron para su gestión.
Por ello, la Fiscalía reconoce que "formalmente no hay datos que permitan inferir" que la Administración Central ha incumplido, pero "la realidad" es que estos siguen existiendo en la elaboración de cebos envenenados. "Se mantiene", insiste la memoria anual.
En cuanto a la responsabilidad de las comunidades autónomas a la hora de inspeccionar la comercialización y uso de productos fitosanitarios permitidos, la Fiscalía señala que se desde su prohibición "no se han intervenido en ninguna de las inspecciones en las empresas, almacenes y explotaciones inspeccionadas".
De este modo, sostiene que los canales normales de adquisición de los productos tóxicos cumplen con la normativa, por lo que "no son la vía" para adquirir estas sustancias y estima que se debe --según lo que traslada el SEPRONA y los Agentes forestales-- que estas sustancias procede de las que se compraron cuando era legal y que entraron del extranjero, de países donde no está prohibido su utilización e incluso desde países de la UE, donde la normativa interna es más permisiva a pesar de la prohibición comunitaria.
