MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace y Ecologistas en Acción organizaron hoy una batucada frente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino para recriminar la actitud "pasiva e irresponsable" de su titular, Elena Espinosa, a la que exigen un posicionamiento a favor del cierre de la central nuclear de Garoña.
Estos dos grupos ecologistas consideran que el Ministerio de Medio Ambiente "no puede permanecer en silencio en el debate público sobre el cierre de la central y que debe posicionarse reconociendo abiertamente los graves problemas medioambientales de la energía nuclear y su insostenibilidad".
"Pedimos a la ministra que informe a la ciudadanía de los peligros que conlleva la energía nuclear y en concreto, de los peligros de Garoña para la salud de las personas y el entorno cercano de dicha central", declaró el portavoz de Ecologistas en Acción, Pablo Cotarelo.
"Garoña no ha cumplido algunos de los requisitos que en CSN le había impuesto para que pudiera optar a una prórroga, como la duplicación del cableado o un sistema de gases, y sólo por eso sería necesaria que el Gobierno no prorrogara la vida de la central", explicaron los portavoces de sendas organizaciones.
Pablo Cotarelo mandó un mensaje de calma a los cientos de trabajadores de la central que el pasado día 24 de junio se manifestaron en contra del cierre de Garoña. "El proceso de desmantelación de una central como ésta, dura entre 10 y 15 años y emplea a más personas de los actuales trabajadores de la central, con lo cual no se destruiría empleo sino que se crearía netamente empleo", explicó.
"SATISFACTORIA" UNA PRÓRROGA DE DOS AÑOS
El responsable de campaña de Greenpeace, Carlos Bravo al ser interpelado por la decisión definitiva del Gobierno, vaticinó que el Gobierno probablemente fijará la vida útil de la central en los cuarenta años, lo que supone una prórroga de dos años más, una decisión que a su juicio, resultaría "satisfactoria", puesto que supondría una victoria ante la industria nuclear, que pretende prorrogar la vida de la central en diez años más.
Ambas organizaciones anunciaron que van a recurrir la decisión del Consejo de Seguridad Nuclear y dependiendo de lo que anuncie el Gobierno esta semana, también se plantean recurrir la decisión del Ejecutivo.
Bravo recordó algunos de los motivos por los que el funcionamiento de Garoña puede suponer un atentado contra la seguridad medioambiental y ciudadana. Bravo se remitió a los nueve sucesos de seguridad que la central ha sufrido durante este año, incluyendo dos paradas no programadas y una rotura en un elemento de combustible nuclear.
El responsable de Greenpeace también hizo alusión al problema enorme de agrietamiento en la vasija del reactor, "un problema que no tiene parangón con otra central nuclear del mundo del mismo tipo", motivo por el cual, según Bravo, en otros países ya se hubiese decretado el cierre de la central.
Bravo denunció la presión de la industria nuclear para evitar el cierre de Garoña, que "sólo quieren seguir lucrándose a costa de la seguridad de las personas". Asimismo, reprochó la actitud del Ministerio de Industria, que según Bravo, "está tratando de torpedear el propósito del Gobierno de cerrar Garoña".
En este sentido, el portavoz de Greenpeace pide al Ejecutivo que a la hora de tomar una decisión ponga sobre la balanza la opción de satisfacer los intereses particulares de unas empresas privadas que quieren seguir embolsándose dinero a costa de la seguridad de las personas, o bien darle prioridad al interés general y satisfacer la seguridad medioambiental y humana.