El Miniterio de Agricultura señala que los profesionales han tenido "más de un año y medio para prepararse"
MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -
Unos 4.000 veterinarios y simpatizantes --según estimaciones del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid a Europa Press-- han reclamado en una protesta frente al ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la derogación del Real Decreto que regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios.
Esta norma establece la obligación de registrar electrónicamente todas las prescripciones de los medicamentos a través de la plataforma PRESVET (Sistema Informático Central de Control de Prescripciones Veterinarias de Antibióticos) para mejorar así su trazabilidad y combatir la resistencia a los antimicrobianos.
En el acto, convocado por el Consejo General de Veterinarios de España, la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE) y la Federación Estatal de Sindicatos de Veterinarios (FESVET), se ha leído un manifiesto en el que los profesionales han denunciado que ese Real Decreto incumple la legislación europea y no se ajusta a las necesidades reales de la sociedad en materia de salud y bienestar animal, de salud pública y de protección del consumidor.
Con eslóganes como "no se juega con la vida y la salud de los animales", "esta pastilla no me la trago" o "nuestra salud en peligro, la legislación nos coarta", los veterinarios han exigido también la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Desde su puto de vista, la Administración debería permitir la libre dispensación de los medicamentos veterinarios por los veterinarios en ejercicio clínico, en igualdad con el resto de los países comunitarios.
Los participantes en el acto también han pedido el retorno inmediato al tipo reducido del IVA que grava a los servicios veterinarios. Con ello, quieren conseguir que estas medidas sean eficaces y que la población tenga más capacidad de acceso a estos servicios de salud. Por último, han instado al Gobierno a reconocer la actividad veterinaria como una actividad sanitaria. En este marco, han entregado sus reclamaciones a Agricultura y han solicitado de nuevo que les reciba el ministro del ramo, Luis Plana.
El presidente nacional de PACMA, Javier Luna, también ha participado en la protesta y su formación ha presentado una propuesta de modificación del Real Decreto ante los ministerios competentes, es decir, Agricultura, Sanidad y Presidencia. En su escrito, la formación advierte que la norma no es "coherente" con lo establecido en el Reglamento Europeo sobre medicamentos veterinarios y solicita una adaptación urgente. Además, resalta la necesidad de reducir el IVA que grava los servicios veterinarios del 21% al tipo superreducido del 4%.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Agricultura han explicado a Europa Press que las obligaciones del Real Decreto vienen recogidas en el Reglamento europeo sobre medicamentos veterinarios y que los profesionales han tenido "más de un año y medio para prepararse" para su entrada en vigor. Igualmente, señalan que los veterinarios han tenido a su disposición un módulo de pruebas para comprobar su funcionamiento y adaptar sus propios sistemas informáticos durante el último trimestre de 2024.
Asimismo, recalcan que casi todas las actuaciones en pequeños animales se realizan en clínicas que disponen de sistemas informáticos que los veterinarios utilizan tanto para recoger los datos de los tratamientos aplicados como las posibles prescripciones. En este sentido, apuntan que el único paso adicional necesario es transmitir esta información ya grabada en el ordenador al sistema PRESVET, para que cual existen "muchos programas comerciales que ya usan los profesionales veterinarios que están preparados".
Por otro lado, las misma fuentes aseguran que el Real Decreto no prohíbe expresamente tratar animales sin identificar, pero sí establece que en los animales en los que la identificación individual sea obligatoria, esta debe consignarse en la receta. Además, niegan que los profesionales no puedan utilizar los antibióticos que consideren necesarios según su juicio clínico.
En este sentido, recalcan que el "uso excesivo y no prudente" de antibióticos ha llevado a que en la actualidad la resistencia a los antibióticos sean "un problema de primer orden en salud pública y responsable de miles de muertes a nivel mundial". Según recalcan, la única solución es la utilización prudente de los antibióticos y por tanto reducir su uso innecesario. Para ello, insisten en que es necesario disponer de la mejor información posible, lo "que permitirá tomar con la mayor diligencia las medidas necesarias". En todo caso, puntualizan que de momento todavía no han impuesto ninguna sanción.