AEVERSU demanda un giro en las políticas de residuos y nuevas infraestructuras para cumplir los objetivos europeos

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (AEVERSU) ha pedido este miércoles avanzar hacia un marco regulatorio "estable" que facilite la inversión y desarrollar las infraestructuras necesarias para la valorización energética de los residuos no reciclables.

A juicio de la organización, estas medidas son "imprescindibles" para alcanzar los objetivos de economía circular fijados por la Unión Europea (UE) para 2035: llegar a una tasa de reciclaje para los residuos municipales del 65% y limitar al 10% el volumen enviado a vertedero. En concreto, ha incidido en la necesidad de dotar de "mayor certidumbre" al marco regulatorio vinculado al Sistema Europeo de Comercio de Emisiones (EU-ETS).

Por esta parte, ha advertido que, según datos del informe de Global Factor, el impacto económico de la entrada del sector en el este Sistema Europeo podía alcanzar los 140 millones de euros anuales "en un momento en el que se requiere capacidad financiera para afrontar las inversiones necesarias para el cumplimiento de los objetivos europeos".

"Esta presión financiera podría ralentizar el desarrollo de nuevas infraestructuras estratégicas, encarecer el tratamiento de residuos y, así, generar un incentivo económico inverso, que haga que el vertedero vuelva a resultar económicamente más competitivo que la valorización energética", ha destacado.

Por otro lado, AEVERSU ha hablado de impulsar el desarrollo de nuevas infraestructuras de tratamiento complementarias, especialmente plantas de valorización energética, para reducir la dependencia del vertedero y dar respuesta a la fracción de residuo no reciclable.

En este marco, la organización ha puesto el foco en cómo en España "sólo" se recicló "alrededor del 11%" de los residuos municipales en España en plantas de valorización energética, es decir, 2.308.496 toneladas. "Esta cifra se encuentra aún alejada de países como Alemania, Austria, Países Bajos o Dinamarca, donde este porcentaje se sitúa entre el 30% y el 40%, y donde el vertido es prácticamente inexistente o residual dentro de sus sistemas de tratamiento", ha recalcado.

Además, el país cuenta con once plantas de valorización energética, una cifra "significativamente inferior" a la de otros países europeos: Alemania, por ejemplo, cuenta con cerca de un centenar de instalaciones. Desde su punto de vista, España necesita una hoja de ruta "estable y coherente" que permita avanzar en la reducción del vertido y en el refuerzo de las capacidades de tratamiento existentes para desarrollar un modelo "homologable" al de los países europeos más avanzados.

"Dicha planificación debe garantizar también la seguridad regulatoria necesaria para movilizar inversión en nuevas instalaciones de valorización energética y evitar el incremento de costes. Solo así, señala, será posible dar respuesta a los objetivos europeos de economía circular", ha recalcado.

El presidente de AEVERSU, Joaquín Pérez Viota, ha señalado que España necesita integrar "de manera decidida" la valorización energética si quiere alinearse con los países europeos "más avanzados" y converger hacia el cumplimiento de los objetivos de tratamiento de residuos marcados por la Unión Europea (UE).

Para ello, opina que es "imprescindible" reforzar las capacidades de tratamiento mediante nuevas infraestructuras de valorización energética y reconocer el "papel estratégico" de esta tecnología en las políticas de gestión de residuos, adoptando medidas de impacto como la suspensión temporal del impuesto a la valorización energética o la implementación de políticas fiscales disuasorias del vertido.

"De esta manera, nuestro país contará con un marco regulatorio estable que favorezca la inversión en nuevas plantas de valorización energética y en la modernización de las ya existentes", ha recalcado.

Por otro lado, la secretaria general de la organización, Belén Vázquez-Quevedo, ha hecho hincapié en que es "fundamental" contar con un marco "claro y coherente" que "permita avanzar en la transición hacia un modelo más sostenible". "Es primordial, además, anticipar dichos cambios regulatorios europeos para evitar desajustes en la capacidad del sistema. El calendario hacia 2035 es exigente y requiere de decisiones estratégicas desde ahora", ha indicado.