El Congreso aprueba la Ley de Dependencia con la oposición de los nacionalistas de CiU, PNV, EA y NA-BA

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Congreso de los Diputados dio hoy luz verde al proyecto de Ley de atención a las personas con problemas de dependencia, algo más de un millón de personas (fundamentalmente ancianos y discapacitados), que no pueden valerse por sí mismos para las tareas cotidianas de la vida, como lavarse, vestirse o comer. El texto será remitido ahora al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria.

El texto, que empezará aplicarse en 2007, contó con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, salvo las formaciones nacionalistas de CiU, PNV, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai, que aunque comparten los fines de la Ley, consideran que invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de servicios sociales. El PP, por su parte, ofreció su "apoyo crítico" al Gobierno y señaló que aún quedan cuestiones pendientes, como la gratuidad del servicio para los grandes dependientes.

CALDERA: "HAY POCOS DÍAS TAN HERMOSOS COMO ÉSTE"

El texto fue defendido con entusiasmo y grandes palabras por el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, que felicitó a todos los grupos parlamentarios por sus aportaciones. Entre ellas, destacó la creación de un nuevo derecho de ciudadanía subjetivo y perfecto, las garantías de atención de las personas que no puedan afrontar el copago y la asistencia a los menores de 3 años, emigrantes retornados, discapacitados intelectuales y personas con enfermedad mental.

Caldera conminó a los grupos que aún no se han apoyado la Ley a sumarse al consenso durante el trámite del Senado porque "la sociedad española merece la unanimidad". El ministro aseguró que el Gobierno no tiene intención de invadir competencias y defendió las garantías de financiación a través de convenios plurianuales con comunidades autónomas.

El titular de Trabajo concluyó su intervención esgrimiendo en la tribuna un periódico con el testimonio de una mujer catalana, madre de una persona dependiente, que confía en la ayuda que le prestará la ley debatida hoy en el Congreso.

GRUPOS NACIONALISTAS

Todos los grupos se felicitaron por el trabajo realizado (IU-ICV y ERC agradecieron de manera expresa la voluntad de diálogo de la ponente socialista Soledad Pérez), a pesar de que nadie vio satisfechas sus demandas al cien por cien. Las intervenciones de todos ellos fueron muy emotivas y sólo se vieron 'empañadas' por la cuestión competencial y las críticas del PP a la "depuración" del término 'nacional' en el texto.

Por parte de los nacionalistas, Emilio Olabarría (PNV) criticó la "dialéctica tramposa" del ministro y reafirmó la "actitud crítica" de su grupo parlamentario. A su modo de ver, la ley no es universal y en enero de 2007 no podrá aplicarse por falta de infraestructuras.

El PNV entiende que la Ley "corroe" competencias autonómicas y acusa al Gobierno de "falta de coraje" por no incrementar las partidas presupuestarias. Además, Olabarría censuró el "caracter paranormal y fantasmagórico" del nuevo derecho dado que el Gobierno no lo ha ligado al sistema público de Seguridad Social.

En la misma línea, Carles Campuzano (CiU) advirtió de que el texto del Gobierno "choca con el reparto competencial", no es justo ni equitativo, no protege a los más débiles (pacientes con enfermedad de Alzheimer y discapacidad intelectual) y deja fuera a las clases medias, a causa de "un sistema de copago incierto".

Campuzano valoró que, "a pesar de la retórica" del ministro, la Ley no garantizará la financiación ni la universalidad en la atención y censuró sus "perspectivas jacobinas". Por otro lado, apuntó que el debate del proyecto no se enmarca en una "dialéctica de derechas e izquierdas", dado que es apoyada por el PP y avisó de que acabará en el Tribunal Constitucional.

Uxue Barcos, de Nafarroa Bai, también criticó la intervención del ministro y defendió un modelo de asistencia a los dependientes "con todas las herramientas y no contra las herramientas que ya existen", para atender a la madre aludida por Caldera "con la mejor de las normas". En la misma línea, Begoña Lasagabaster (EA), aseguró que "el debate no reside en la necesidad de impulsar el sistema de la dependencia" sino en el ámbito jurídico y competencial de la Ley.

DEBATE CATALANISTA

El debate también tuvo su vertiente catalanista, en el contexto electoral en esta comunidad autónoma. La diputada de IU-ICV Carme García reprochó a CiU el desarrollo de los servicios sociales durante su etapa en el Gobierno y retó a sus diputados a decir "que esta ley no mejora las condiciones de vida de miles y miles de ciudadanos".

Joan Tardá (ERC) se manifestó en similares términos y criticó a CiU por su interés lograr "una fotografía" con el Gobierno, sin la presencia de los miembros del tripartito. Estas palabras motivaron la intervención del portavoz de CiU, Antoni Durán i Lleida, por alusiones. Durán pidió al portavoz de ERC que "no excuse su mala conciencia" por votar una ley que invade competencias autonómicas y aseguró que no tiene "ningún interés en salir en una fotografía" con miembros del Ejecutivo por esta cuestión.

APOYO CRÍTICO DEL PP

El Grupo Parlamentario Popular, por su parte, dio su "apoyo crítico" al Gobierno y censuró el "retroceso alborotado" y la "depuración lingüístico nacionalista" del término "Sistema Nacional". La diputada María Salom también llamó la atención del Gobierno por "ocultar el acuerdo" con su formación política. "¿Tan prisioneros están de los nacionalistas para no reconocer que hemos llegado a un acuerdo?", ironizó.

Salom defendió las aportaciones de su grupo al proyecto (aumento de los titulares de derechos, atención preferente a los grandes dependientes y confidencialidad de datos, entre otros). Además, manifestó que aún quedan "temas pendientes", como la necesidad de encuadrar dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, la gratuidad de la gran dependencia, un fondo cohesión interterritorial, y el establecimiento de un mínimo de renta exento en el copago.

CONTENIDO DE LA LEY

La norma tendrá un desarrollo gradual, hasta 2015 y se empezará a aplicar sobre las personas dependientes que se encuentren en peor situación. El futuro sistema incluirá prestaciones (atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día, residencias) y prestaciones económicas vinculadas a la contratación de servicios privados. Además, recoge la posibilidad de que los cuidadores familiares reciban una compensación económica y sean dados de alta en la Seguridad Social.

Según la memoria económica, la Administración General del Estado aportará más de 12.638 millones de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y servicios básicos del sistema. Las comunidades autónomas, que son las administraciones competentes en la materia, deberán aportar una cantidad similar.

En este ámbito, el Estado y las autonomías firmarán acuerdos de financiación plurianual para garantizar la sostenibilidad del sistema en el futuro. Las autonomías también podrán mejorar la atención con cargo a sus presupuestos y se diseñará un sistema de copago para que los beneficiarios realicen una aportación, en función de sus recursos.